La provincia de Guipúzcoa, ahora gobernada por Bildu, ha emprendido una nueva política medioambiental consistente en obligar a los ciudadanos de varias localidades (San Sebastián entra en esta rueda el próximo año) a reciclar la basura orgánica. El ‘problema’ es que han empezado esa casa por el tejado.

La coalición es contraria a la incineración de basura orgánica, y la única alternativa a la quema en vertederos es su tratamiento para obtener compost (abono) o metano (para producir energía). O más correctamente, ambas cosas. Sin embargo, y a pesar de haberse puesto en marcha esta normativa, Guipúzcoa se ha encontrado con que tiene 7.000 toneladas de basura orgánica que no puede reciclar.

La solución ha sido la de convocar un concurso para que una empresa privada se haga cargo de esos residuos y los lleve a algún lugar donde sí se les pueda dar tratamiento. La ganadora del concurso ha sido Cespa, el gigante medioambiental que, entre otras muchas, gestiona la planta de biometanización del Ecoparque de Cortes, en Burgos, que tiene capacidad para producir tanto compost como metano.

Cespa dijo que se llevaría esa basura a Burgos, Soria y Segovia para ser tratada y se ha adjudicado el trabajo a un precio de 29,6 euros por tonelada. Sin embargo, en el Ecoparque se cobran 39 euros por tonelada y, además, según confirma la concejala de Medio Ambiente, Carolina Blasco, el Ayuntamiento, que es el propietario de esa planta, no permitiría que se trate aquí basura procedente de otras provincias o, en el supuesto de que lo hiciera, pediría una compensación a cambio. Así que no será en Cortes.

Paralelamente, fuentes de Cespa han confirmado a este periódico que, por un principio medioambiental de evitar emisiones de CO2 y otro económico de ahorrar costes en el transporte, su filosofía es la de tratar la basura en origen o tan cerca como sea posible, motivo por el que confirman que Burgos será el primer destino objetivo para movilizar esas 7.000 toneladas. Lo que no confirma es dónde van a ser tratadas.

La empresa ubicada en Villalonquéjar dedicada a un servicio parecido (retira excedentes orgánicos de supermercados) niega tajantemente ser el destino de esa basura. Así que lo que toca es mirar fuera de la capital. Las plantas de Aranda y Miranda pertenecen al Consorcio Provincial de Residuos, que nada sabe de todo esto. Estrechado el círculo, quedan las plantas privadas.

Según otras fuentes, la de Montuenga tiene muchas posibilidades de asumir el trabajo que no pueden hacer en Guipúzcoa porque es ahora cuando se está terminando de planificar la ampliación de su red de tratamiento.