Olvídese de lo espectacular que iba la novia con aquel vestido de corte imperio. De lo emocionante que fue el Ave María cantado por la tía Enriqueta y de lo bien que leyeron los sobrinos en la ceremonia. De que repitió tarta hasta tres veces porque era de trufa. De que estuvo hasta las tres de la mañana bailando Paquito el Chocolatero. De que aún guarda las fotos en algún cajón. Si la archidiócesis de Burgos -después de un proceso de nulidad iniciado por uno de los dos cónyuges- sentencia que ese matrimonio nunca se celebró es que nunca se celebró. Así de claro ve el asunto la Iglesia Católica, así lo cuenta el vicario judicial, Pablo González Cámara, y así ha ocurrido hasta en 800 ocasiones en los últimos 15 años en esta provincia.
La cifra no significa que se hayan anulado 800 vínculos burgaleses sino que esta diócesis no solo se ocupa de participar en las causas de nulidad de los matrimonios de aquí (entre 15 y 20 anuales) sino que es tribunal de segunda instancia para las de Palencia (4-5), Osma-Soria (4-5), Vitoria (6-7) y Bilbao (25-30). Porque hasta el pasado día 8, para que una pareja invalidara su unión ante la Iglesia Católica eran obligatorias dos sentencias iguales y conformes. Las burgalesas realizaban aquí su proceso en primera instancia y luego en La Rota (Madrid), y las bilbaínas, palentinas, sorianas y vitorianas, lo hacían en primer lugar en sus diócesis y en segunda instancia, en Burgos. Pero esto acaba de pasar a la Historia.
La culpa la tiene el decreto por el que se aplica el motu proprio del papa Francisco, una especie de ‘actuación de oficio’ -de decisión personal y propia del pontífice- que ha flexibilizado mucho el proceso dejándolo en una sola instancia y, lo que es más importante, haciéndolo gratuito. En este sentido, el vicario judicial explica que lo que se dejarán de cobrar serán las tasas eclesiásticas -de 700 euros para la primera instancia y de 500 en la segunda, que se producirá solo en el caso de que alguna de las partes apele, y no de oficio como hasta ahora- pero no las de los peritos que participan en el proceso: abogado y psiquiatra o psicólogo según los casos. «Estos profesionales seguirán cobrando pero nosotros siempre estamos vigilantes de que las cantidades sean justas», añade González Cámara, que afirma que el perjuicio económico que le va a acarrear esta gratuidad a la Iglesia burgalesa no es muy elevado y que hasta en más de un 20% de los casos han dejado de cobrar a las personas que no tenían recursos económicos para afrontar un gasto así.
«Estoy muy de acuerdo con este decreto del Papa porque se acelera mucho el proceso, que hasta ahora ha venido durando entre seis y siete meses tanto en la primera como en la segunda instancia. Ahora, además, habrá una forma breve por la que el obispo de una diócesis podrá declarar nulo un matrimonio sin pericias ni trámites si las causas son especialmente evidentes», dice Pablo González Cámara, que atestigua que lo que él trata de ver siempre es «el aspecto pastoral del asunto». Con ello se refiere a que hay muchas personas que buscan la nulidad de un matrimonio «por conciencia, por pertenencia a la Iglesia y porque quieren participar en la actividad eclesiástica y no pueden debido a que están en una situación que se considera irregular; yo creo que facilitar este proceso es como decir : ‘seguid adelante, sois Iglesia, participad en ella’».
En este sentido, adelanta que las facilidades aplicadas por Francisco no van a hacer que aumente el número de solicitudes de nulidades: «Ya sabes que la Iglesia no pasa por su mejor momento y que hay mucha gente que pasa olímpicamente de todo esto». Otro cambio es la posibilidad de que exista un solo juez en el proceso que declare sentencia -que seguirá siendo un sacerdote- en lugar de los tres que eran necesarios antes.
Problemas psicológicos. Son varias las razones que pueden alegar los excontrayentes -que son mayoritariamente mujeres y que cuando solicitan la nulidad ya tienen el divorcio- para pedir que la Iglesia Católica afirme categóricamente que su matrimonio nunca existió, y son casi todas de índole psicológica o patologías psiquiátricas de entidad. También están la falta de fe en la indisolubilidad del matrimonio -quizás más difícil de comprobar salvo si, como en el ejemplo que propone González Cámara, lleguen dos amigos del novio que aseguren que el día antes de la boda dijo que se separaría a las primeras de cambio- o la «falta de discreción de juicio», algo así como casarse sin saber lo que se hace.
«Hay personas que aunque lleven un buen traje y una buena profesión psicológicamente son muy complejas y si se constata que estas dificultades estaban presentes en el momento de casarse se puede anular el matrimonio», añade. Alcoholismo, esquizofrenia o violencia son algunas de las causas que han terminado eclesiásticamente con una unión.
Así las cosas, cabría preguntarse si es que hay mucha gente que no se lo piensa muy bien antes de dar un paso de tanta importancia. González es bien prudente: «Sin duda esto se debería pensar con mucho cuidado pero tampoco hay que ser rígidos porque si exigimos la perfección para todas las cosas... ¡cuántos curas nos tendríamos que haber quedado en nuestra casa!».
¿Cómo se hace? El sistema es parecido al de la justicia civil: una de las partes presenta en el tribunal -que se ubica en la Casa de la Iglesia, en la calle Martínez del Campo- una demanda con un abogado. A partir de ahí se inicia un proceso en el que se trata de probar mediante testigos, diversos documentos y valoraciones de peritos especialistas «si ha habido o no matrimonio». Una vez determinada la causa de la nulidad, se publican los autos y se pueden presentar la alegaciones correspondientes. Si no existen, el juez emite la sentencia. Si ésta es positiva se declarará «que el matrimonio nunca ha existido, que el compromiso que hicieron en su día las partes de prometerse amor realmente no ha tenido lugar».