La polémica por el uso de las sedes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Palacio de San Juan sigue trayendo cola. Ayer trascendió que el alcalde ha remitido una carta al subsecretario de Justicia, Juan Bravo, para comunicarle la disposición del Ayuntamiento a «compartir» el edificio municipal de la calle San Juan con otros funcionarios de la Audiencia o, en caso contrario, a usarlo en exclusiva.
En este sentido, Javier Lacalle recuerda a este alto cargo del ministerio que es «imprescindible» para la ciudad disponer de un espacio en la calle San Juan de uso municipal, tal y como contempla el convenio firmado entre ambas partes en el año 2002. «Digo esto, por las recientes declaraciones del presidente de la Audiencia en sentido negativo a compartir este espacio entre funcionarios estatales y municipales», puntualiza el alcalde. (Hay que recordar que el equipo de Gobierno municipal quiere abrir en este edificio el CEAS del centro).
Por otro lado, pide a Juan Bravo que le informe del «calendario aproximado» que el ministerio está valorando para los traslados y la posible fecha de puesta a disposición de estas instalaciones para el Ayuntamiento.
Finalmente, le traslada su interés en que puedan reunirse en Burgos «a la mayor brevedad posible todas las partes» para «aclarar» todas estas cuestiones.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Escribano, consideró ayer «inaceptable» que el alcalde plantee uso compartido alguno y agregó que «no se puede consentir» que el Ministerio de Justicia pretenda ahora mantener la Audiencia Provincial fuera del Palacio de Justicia. A través de un comunicado de prensa, Escribano mostró también su más enérgico rechazo a que el Gobierno del PP y el PP de Burgos «contradigan de esta forma sus compromisos electorales».
Lo del TSJ, «un disparate»
En la misma línea, el concejal socialista consideró un «disparate y un derroche» que se cambien los planes previstos en el Palacio de Justicia, cuyas obras de rehabilitación han costado más de 16 millones de euros y que se han acometido pensando en que el edificio sería sede del TSJ y la Audiencia. «No hay razón alguna que justifique que este edificio no sirva para todas las necesidades de la Justicia en Burgos», concluyó Escribano.