Las penas de cárcel a las que se enfrentan dos de los detenidos en la operación en que la Policía Nacional descubrió 80 kilos de speed en un piso del PaseLo de la Isla (edificio Beyre) son elevadas, 9 años cada uno. Pero Sergio C.D. y Ángel S.S. tendrán que vivir varias vidas para pagar las indemnizaciones que solicita la Fiscalía, cuatro millones de euros a cada uno, si resultan condenados. El valor en el mercado negro de toda la droga que fue incautada en esa vivienda en marzo de 2013 alcanza los dos millones de euros y las sanciones económicas a los culpables de delitos contra la salud pública se imponen de acuerdo a la cantidad de estupefacientes decomisada.

El Grupo de Estupefacientes de la Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de Burgos llevaba tiempo siguiendo la pista a la  banda, en concreto a uno de sus correos, Roberto R.V. Los investigadores le pararon cuando circulaba con su coche en la capital y en el interior del vehículo hallaron más de 360 gramos de speed. Este sujeto, con varios antecedentes, es culpable, según la Fiscalía, de un delito contra la salud pública y pide para él 5 años de cárcel y una multa de 18.000 euros.

La detención de este hombre condujo al Grupo de Estupefacientes hasta el edificio Beyre, en uno de cuyos pisos se ocultaba el premio gordo, los 80 kilos de speed. En este domicilio vivían de alquiler los otros dos encausados, Sergio C.D. y Ángel S.R. (sin antecedentes), quienes, para el Ministerio Público, son responsables de un delito contra la salud pública con el agravante de notoria importancia, por la cantidad de droga con la que fueron sorprendidos.

La denominada Operación Islero ha sido «la más importante contra las sustancias sintéticas de los últimos años», según subrayó Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional, cuando el 18 de marzo de 2013 viajó a Burgos para informar sobre el operativo.

La investigación del Grupo de Estupefacientes comenzó a mediados del mes de febrero de ese año. Los agentes de esta unidad, durante un dispositivo de control preventivo, detectaron la presencia de speed en locales de ocio de la capital. Tras llevar a cabo numerosas pesquisas, descubrieron que quien surtía a los pequeños camellos burgaleses era un ciudadano español al que le constaban diversos antecedentes por tráfico de estupefacientes y con contactos en establecimientos hosteleros de la noche, Roberto R.V.. Los investigadores montaron un dispositivo de vigilancia y seguimiento del individuo que a los pocos días daba resultados.

Observaron cómo recogía un paquete de una empresa de mensajería y se dirigía posteriormente a un local de ocio de la zona centro, donde mantuvo encuentros con otras dos personas también relacionadas con el tráfico de drogas. En un momento dado, los agentes se percataron que hacía un ‘pase’, momento en el cual los policías deciden intervenir. En el paquete descubrieron que había 360 gramos de speed.

A la vista de que podía ser la punta del iceberg de una trama mucho más importante, la Comisaría decide acudir al juez y solicitar la orden de entrada y registro en el domicilio del número 10 Paseo de la Isla, donde presuntamente este grupo de delincuentes tenía su centro de operaciones. La magistrada concedió la autorización y los agentes se encuentran con todo un cargamento perfectamente embalado y preparado para ser enviado a otros lugares de España -País Vasco, Asturias y Aragón, entre ellas-. En total, 80 kilos de speed repartidos en bolsas de plástico de un kilo cerradas al vacío, muchas de las cuales ya se encontraban dentro de tres maletas para emprender viaje, supuestamente a provincias del norte del país, donde es más común el consumo de este tipo de droga. Otra parte del sulfato de anfetamina estaba dentro de un frigorífico. De esa cantidad habrían salido unas 320.000 dosis al mercado.