La red de acogida de Cáritas ha constatado un aumento de la pobreza, la desigualdad y la injusticia social, según pone de manifiesto el VII Informe del Observatorio de la Realidad Social (ORS), que fue presentado ayer en Madrid por el secretario general de la organización dependiente de la Iglesia Católica, Sebastián Mora, y el coordinador del Equipo de Estudios, Francisco Lorenzo. 

Este texto señala que desde que se inició la crisis se ha multiplicado por 2,7 el número de personas recibidas en los Servicios de Acogida y Atención Primaria de Cáritas, que ha pasado de 370.251 personas en 2007 a 1.015.276 en 2011, lo que supone un incremento de hasta el 174 por ciento. 

Las causas principales de este aumento siguen siendo, según se desprende del documento, un proceso sostenido de destrucción de empleo, que reduce «de manera drástica» las posibilidades de ingresos económicos en numerosos hogares; y la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social. 

Entre las necesidades básicas más demandadas en estos últimos cuatro años, el mayor aumento se ha producido en el número de ayudas económicas para alimentación, seguidas de ropa, calzado y vivienda. Por detrás, aparecen otras prioridades, como gastos sanitarios y asuntos legales. 

En 2011, se registraron unas 400.000 respuestas de subsidio financiero para alimentación, más de 50.000 para vivienda y 60.000 para ropa y calzado. 

De esta forma, el gasto en ayudas económicas a las personas y familias destinado por los diferentes centros de Cáritas Diocesana a través de sus Servicios de Acogida y Asistencia se han duplicado entre 2007 y 2010, hasta alcanzar cerca de 33 millones de euros en ese último año. 

 

UN TERCIO DE IRREGULARES. Además, la institución asegura que atiende a un tercio de los inmigrantes en situación irregular de toda España. De hecho, el informe señala que la mitad de las personas recibidas por la organización son extranjeros y añade que «aproximadamente 130.000 de ellos están en situación ilegal». 

Por ello, y teniendo en cuenta que algunos estudios estiman que el total de personas irregulares en España ronda los 500.000, los responsables de la organización concluyen que están atendiendo «a un tercio del total». 

Asimismo, Mora afirmó que desde el pasado 1 de septiembre, cuando se empezó a aplicar el Real Decreto ley por el que los sin papeles dejaron de tener acceso a la tarjeta sanitaria, se empieza a manifestar «más presencia de este perfil de personas pidiendo ayuda sanitaria en las parroquias». 

En este sentido, denunció la «preocupación» de las personas inmigrantes, que empiezan a sentir «miedo», algo que constituye, según el secretario general de Cáritas, «una grave injusticia social». 

Además, Mora insistió en que existe una «gran incertidumbre» al respecto y concluye que la medida «no ha sido bien sopesada por el Gobierno». 

Por último, reconoció que «los recursos» de la institución «están en un nivel límite» y lamentó que la organización «esté ocupando un hueco que debería subsanar la administración pública».

En concreto, aludió a los «largos» tiempos de espera para obtener cita en los servicios sociales, para obtener respuesta y para que el cobro de las prestaciones sea efectivo. En este último punto, denunció que «transcurre casi medio año desde la solicitud al cobro» en las administraciones.