La Ley de Seguridad Ciudadana, muy contestada antes de su promulgación en el año 2015, cada vez reporta más dinero a las arcas del Estado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad imponen cada año más multas, lo cual se traduce en más ingresos. En la provincia de Burgos se interpusieron en 2017 un total de 1.990 denuncias, frente a las 1.669 del año anterior, lo que representa un aumento porcentual del 19%. Respecto a la cuantía de las sanciones el incremento de un ejercicio a otro fue superior, del 22%, al pasar de 960.714 euros a 1.178.320, superando ya la barrera del millón.

La que fue denominada desde algunos sectores como la ‘Ley Mordaza’ contiene un extenso articulado que castiga diferentes infracciones. La que da lugar a más sanciones en la provincia de Burgos -tipificada como grave- es la del consumo o tenencia de drogas -no destinadas al tráfico- en la calle, locales públicos y transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello. El pasado ejercicio fueron tramitadas 1.284 denuncias por este concepto, que dieron lugar a multas por un importe global de 879.000 euros.

La segunda infracción -considerada grave también- que da origen a más expedientes sancionadores tiene que ver con portar, usar o exhibir armas prohibidas, o utilizarlas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando el ciudadano tuviera licencia. En el ejercicio 2017 se registraron un total de 14 denuncias por esta causa, que supusieron unos ingresos para el Estado de 128.101 euros.

Las estadísticas de 2015 y  2016 solo detallaban el número de sanciones y cuantía por estos dos conceptos, el de las drogas y el de las armas. Sin embargo, en 2017 el Ministerio del Interior hace públicas las multas por todo tipo de infracciones. Así, se puede saber que Policía Nacional y Guardia Civil no impusieron ninguna multa por infracciones consideradas muy graves, de las que conllevan sanciones de entre 30.001 y 600.000 euros. Es decir, que no hubo reuniones ni manifestaciones no comunicadas que invadieran instalaciones que prestan servicios básicos; ni nadie que fabricara, almacenara o transportara armas, explosivos o artículos pirotécnicos sin los permisos reglamentarios y causara perjuicios muy graves; ni que celebrara espectáculos quebrantando una prohibición por razones de seguridad, ni nadie que proyectara haces de luz sobre pilotos o conductores de medios de transporte.

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