El propietario de la gasolinera de Avia que se encuentra junto al centro comercial El Mirador avanza en su propósito de que el Ayuntamiento le resarza por las pérdidas ocasionadas en su negocio tras la apertura, hace ya más de dos años, de la estación de servicio de Carrefour. Ya ha realizado el cálculo inicial de la cantidad que exigirá al Consistorio burgalés. Serán más de 200.000 euros. Es lo que ha dejado de facturar su establecimiento por la presencia de una gasolinera cuya implantación pone en tela de juicio la sentencia del Supremo que, en la práctica, anula la supresión de las distancias (900 metros) entre estaciones de servicio que llevó a cabo el Pleno del Ayuntamiento en febrero de 2008.
Al albur de esa modificación, la firma de distribución francesa construyó su gasolinera, que lleva más de dos años funcionando. El primer paso que ha dado Ricardo Alonso, el dueño de la perjudicada, es acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo a fin de presentar sendas demandas para que el estudio de detalle de la estación de servicio sea anulado sea anulado, así como la decisión del Pleno que anulaba las distancias.
Después, presentará en el Ayuntamiento una reclamación por responsabilidad patrimonial. No es muy optimista y cree que el Consistorio no se va a avenir a compensarle sin presentar batalla. Tiene asumido que habrá de acudir de nuevo a los tribunales de lo contencioso administrativo, en esta ocasión para presentar una demanda por responsabilidad patrimonial para exigir el lucro cesante. En la misma reclamará esos más de 200.000 euros que estima que ha perdido tanto en combustible como en efectos de la tienda que ha dejado de vender.
No es la primera vez que el Ayuntamiento se arriesga a compensar a un empresario del sector de los hidrocarburos. Hay que recordar que fue condenado a pagar una indemnización global de 2,7 millones de euros a la sociedad Yrazusta Villafría SL. El contencioso entre el Consistorio y el empresario se inició en 1987 y terminó en 2009, cuando, por fin, el Ayuntamiento ordenaba el desmantelamiento de la gasolinera de la aduana. Según señala Ricardo Alonso, lo que el pretende es que se cumpla la Ley, sin más, no busca indemnizaciones. No obstante, si el Ayuntamiento se enroca como en el caso de Yrazusta y el ‘culebrón’ dura los 22 años que duró aquel caso, se corre el riesgo de que la cantidad con que tenga que resarcir al empresario sea como aquella.
Según el Supremo, en el caso de la supresión de distancias el Ayuntamiento conculcó el procedimiento al no acreditar que se requiriera la elaboración de los informes preceptivos por Ley tanto a Diputación como a Fomento. El Consistorio basó su defensa en que dichos informes no son vinculantes y en que sí se solicitaron aunque en el expediente no conste acuse de recibo.