El grupo ecologista Greenpeace emitió ayer un comunicado en el que afirmó que «el Consejo de Seguridad Nuclear está acelerando la publicación de un informe condicionado sobre la licencia hasta 2031 de la central nuclear de Santa María de Garoña para que el Ministerio de Industria pueda dar, en los últimos días de gobierno, la autorización a Nuclenor (Iberdrola y Endesa)». A ello añadió que «de esta manera, las compañías propietarias podrían reclamar pérdidas por ‘lucro cesante’, en caso de que el próximo gobierno decidiera desmantelarla».
La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, manifestó que «las protestas de los técnicos son constantes, al sufrir presiones para acelerar el proceso de evaluación de Garoña, incluyendo el cese de aquellos técnicos que no se pliegan a las exigencias del actual presidente, Fernando Martí, anterior secretario de Estado de Energía del Gobierno» del PP. A ello añadió que «es posible que Iberdrola y Endesa consigan cuantioso beneficios, si el Gobierno in extremis, les autoriza a poder reabrir».
Nuclenor solicitó en mayo de 2014 una nueva autorización de explotación hasta el año 2031, justo el momento en que la planta tobalinesa cumpliría 60 años desde su conexión a la red eléctrica. Desde entonces, pasado casi un año y medio, el Consejo de Seguridad Nuclear no ha desvelado públicamente en qué fecha emitirá el preceptivo informe sobre la seguridad de Garoña ni ha dado esa información cuando DB la ha solicitado. Desde Nuclenor afirmaron ayer, al conocer la información lanzada por Greenpeace, que en la planta «seguimos haciendo nuestro trabajo para cumplir con todos los requisitos que nos ha exigido el CSN» y aseguraron no tener «ningún tipo de información» al respecto de cuándo emitirá su informe el regulador del parque nuclear nacional.
«Tiempo de descuento»
Fuentes del sector eléctrico indicaron en su día, que el calendario previsto para llevar a cabo el exhaustivo proceso de evaluación al que se somete Garoña llevaría al CSNa emitir un informe en diciembre de este año. En aquel momento se esperaba la convocatoria electoral en noviembre, con lo que se daba por hecho que sería un nuevo Gobierno el que iba a decidir sobre el futuro de la central, en caso de que el CSN emitiera un informe favorable a su continuidad.
Ya fijadas las elecciones el 20 de diciembre, Greenpeace considera que «el pleno del CSN, sin unanimidad, está permitiendo que Garoña opere hasta los 60 años para que el Ministerio de Industria conceda una licencia a esta central en el tiempo de descuento de esta legislatura». A juicio de Raquel Montón, «ningún candidato a las próximas elecciones debería permitir el expolio a las arcas del Estado a costa de las nucleares, que se está tramando con el patrocinio del actual Gobierno».
Asimismo, el colectivo insiste en que ha reclamado sin éxito que el proceso se diera a conocer con un trámite de información pública y que pasara por una evaluación de impacto ambiental con carácter transfronterizo para cumplir así lo que marca el Convenio de Spoo.