Se sienten ignorados, los grandes perjudicados de una decisión que la gran mayoría de la población celebra pero que a ellos les puede dejar sin trabajo. Por eso la plantilla de la AP-1, junto a un grupo de vecinos de Pancorbo, una de las localidades con más negocios a pie de Nacional, cortaron ayer por la tarde la carretera para llamar la atención sobre su situación al grito de «más rigor y menos populismo».
A pesar de que portaban pancartas contra la liberalización, entienden que la ciudadanía cuente los días que faltan para que llegue ese momento, fijado para finales de noviembre, porque «es comprensible que la gente esté harta de pagar, aunque hay que tener claro que gratis no hay nada ya que el dinero saldrá de nuestros impuestos». Pero su principal reivindicación más allá del anuncio estatal de que no prorrogará la concesión apunta a que se sienten abandonados por el Gobierno. «Lo peor es la incertidumbre», aseguran, ya que a estas alturas no saben que va a ser de su futuro. Lo único claro es que el martes comenzarán a negociar con la empresa el ERE y posibles recolocaciones dentro del grupo al que pertenece la firma Europistas, a la espera de que desde Fomento se avance en la hoja de ruta a seguir. «Se ha tomado una decisión electoralista para rascar votos a costa de regalar peajes pero sin analizar todas las consecuencias. Cuando cierran otras empresas las administraciones ponen el grito en el cielo pero de nosotros nadie se acuerda», afirman desde el comité.
A menos de dos meses para que finalice la concesión aún no ha salido a concurso el pliego que regirá el nuevo contrato de mantenimiento de la vía. De las personas mínimas que se fijen en el mismo que son necesarias para realizar el mantenimiento dependen los 120 empleados actuales de la autopista, que exigen al Gobierno la «subrogación total» de sus puestos por parte de la firma que obtenga la adjudicación. «Lo lógico es que el personal que viene haciendo los trabajos los siga haciendo después. No hablamos solo de obras y conservación sino que hay otros puestos relacionados con la oficina técnica que estudia desperfectos, la atención a los usuarios, comunicación,... Ahora no somos meros recaudadores sino que trabajamos para velar por la seguridad de todos los conductores», sostiene.
Para la plantilla, el problema no radica en la decisión de no renovar la concesión de la AP-1 a Europistas sino en que no se han estudiado todas las alternativas para llevar a cabo el rescate de la carretera y se han reducido las mismas a la liberalización total, lo que compromete sus puestos de trabajo. «Parece que todo es improvisación y simple populismo porque por ejemplo puede asumir la gestión el Gobierno, como hace con otras vías que son deficitarias, y aprovechar que precisamente la AP-1 no lo es», apuntan.
En este sentido recalcan que existen fórmulas intermedias como que la circulación sea gratuita o a coste muy reducido para los vecinos de la zona pero que se mantenga el peaje para el resto. «El 80% de los ingresos de la AP-1 es de gente de fuera de la provincia y ese dinero se podría utilizar para hacer un doble carril en la Nacional y solucionar el problema de la seguridad definitivamente», señala.