Las instalaciones del Instituto de Medicina Legal se ampliarán en un futuro más o menos próximo, gracias a la disposición de Sacyl para ceder a este organismo dependiente del Ministerio de Justicia el espacio que ocupaba el servicio de Medicina Nuclear en el Divino Valles hasta su traslado al Hospital Universitario de Burgos. Hace más de medio año que los representantes del ministerio hicieron saber de forma extraoficial su interés por esta zona vacía del hospital provincial (a la que solo un tabique separa del Instituto de Medicina Legal), pero no fue hasta hace diez días cuando se llevó el asunto a la comisión informativa de Urbanismo de la Diputación y se dio el visto bueno al comienzo de los trámites para que la voluntad se materialice en realidad.
El área de Medicina Nuclear y el Instituto de Medicina Legal están ubicados justo detrás del edificio del Divino Valles, pero en un bloque independiente. Es decir, su futuro no está vinculado al del hospital. Y dado que solo una pared separa ambos espacios, sería de suponer que la tramitación para unirlos fuera relativamente sencilla. Y máxime cuando todas las partes implicadas han manifestado estar de acuerdo con la propuesta y su voluntad para facilitar el proceso todo lo posible. Sin embargo, al tener que intervenir tres administraciones diferentes tampoco sería de extrañar que el asunto se demorara en el tiempo más de lo que se estimaba en un principio.
Hay que tener en cuenta que en primer lugar participa el Ministerio de Justicia como responsable del Instituto de Medicina Legal y por lo tanto, como solicitante y principal interesado de que le den más espacio. En el siguiente peldaño está la Consejería de Sanidad, porque es el organismo que ahora mismo se encarga de gestionar ese complejo sanitario y que, como tal, tiene cedido la mayor parte del espacio. Y por último, está la Diputación de Burgos, que es la propietaria de todo y se lo cede a unos y a otros para que presten servicios sanitarios por un determinado período de tiempo.
De ahí que el Ministerio de Justicia haya sido quien ha dado el primer paso al trasladar la petición del equipo forense que trabaja en el Instituto de Medicina Legal a la comisión informativa de Urbanismo de la Diputación. Así que, como indican fuentes del organismo provincial, ahora solo falta que la petición oficial y el correspondiente visto bueno «se plasme en un documento jurídico administrativo para poder comenzar». Está por determinar cuándo y cuánto tardará en resolverse este paso.
menores. El forense y director del Instituto de Medicina Legal, Amador Martínez, explica que el motivo de que hayan propuesto solicitar más espacio es poder prestar mejor servicio en unas materias que, por definición, son muy sensibles. Hay que tener en cuenta que en muchos casos de violencia de género o doméstica, abusos sexuales u otras agresiones es obligatorio que acudan a este punto del Divino Valles tanto la víctima como el supuesto agresor y, lógicamente, hay que hacerlo evitando que ambos coincidan. Y hacer eso en un espacio tan reducido como el del Instituto obliga a hacer encaje de bolillos a las 17 personas que conforman la plantilla del Instituto (10 médicos forenses, dos auxiliares de autopsias, tres funcionarios de la administración de Justicia, un psicólogo y un trabajador social).
Y lo mismo ocurre en aquellas situaciones en las que se investiga si ha habido agresiones o abusos a menores de edad. Con el objetivo de no victimizar más al niño y de que el relato de los hechos no se desvirtúe, se intenta que haya una única declaración ante el equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal, declaración que se realiza en una sala con cámara que, mediante un sistema de circuito cerrado, permite que el juez, el fiscal y los abogados de las partes puedan asistir a la declaración desde el despacho contiguo. En ambos casos se trata de habitaciones muy pequeñas, precedidas por una sala de espera también de reducidas dimensiones y en la que en ocasiones coinciden policías con víctimas y acusados.
Esta circunstancia es la que sustenta la petición de espacio y, sobre todo, porque la zona en la que se tratan los asuntos de familia y se hacen los exámenes psicosociales o de credibilidad de testimonio es la que está pegada al área que ocupaba Medicina Nuclear. «Sería cuestión de tirar un tabique y hacer una reforma menor de adecuación de espacios», explica el forense Amador Martínez. En lo que se refiere al otro gran bloque de actividad del instituto, la realización de autopsias, no tienen tanto problema de espacio.
Así que fue Martínez el primero en trasladar estas necesidades al Ministerio de Justicia y a otros representantes de Sacyl y de la Diputación, quienes mostraron buena disposición desde el primer momento. Así lo corrobora el gerente del complejo asistencial de Burgos, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, quien explica que «por nuestra parte [Sacyl] no hay ningún problema. No ponemos ninguna pega, más bien al contrario, todo facilidades». De ahí que nada más recibir la solicitud de forma extraoficial -la oficial aún no se ha recibido, dado que acaba de empezar a tramitarse- se comprobara que no quedaban restos de la actividad de Medicina Nuclear en esa zona y que el espacio podía cederse. «Nosotros lo cedemos sin problema y el Ministerio de Justicia se haría cargo de los gastos que les corresponden de manera proporcional», apunta, en alusión, básicamente, al consumo de energía y los impuestos correspondientes. «Esperemos que pueda hacerse cuanto antes porque es bueno para el Instituto y bueno para Burgos», concluyó el gerente del HUBU y del Divino Valles.
A partir de ahora, al margen de la tramitación del papeleo, hay que definir con exactitud qué necesidades de espacio tiene el Instituto de Medicina Legal para ver si necesitan todo el área que antes ocupaba Medicina Nuclear o si es suficiente solo con parte. Para empezar a concretar estas cuestiones, la Diputación ha designado ya a la técnico de Patrimonio, según informaron fuentes oficiales.