El baile de sentencias, interpretaciones y posturas del Tribunal Supremo sobre los gastos hipotecarios no sólo está ofreciendo una imagen de la Justicia española más propia de un Estado fallido que de una democracia consolidada, también tiene en vilo a miles de ciudadanos que han firmado préstamos en, al menos, los últimos cuatro años, periodo en el que prescribe por Ley una deuda tributaria, si bien puede haber interpretaciones superiores que impongan una retroactividad completa, como ya sucediera con la decisión de la justicia europea sobre las cláusulas suelo.
Lo sucedido, por inédito y trascendente, es conocido: el Supremo, corrigiendo su propia doctrina, establecía la pasada semana que el impuesto de actos jurídicos documentados no lo deben pagar los clientes hipotecados. Se trata del principal gasto añadido a la firma de una hipoteca y nadie que haya pedido un préstamo al banco se ha librado de pagarlo. En menos de 24 horas, el alto tribunal dejaba en suspenso su propia decisión para convocar a su Pleno para que tome la decisión última, e incluso aludió directamente a las repercusiones negativas que tenía el fallo para el sector bancario, omitiendo las consecuencias positivas para las economías domésticas y el consumo.
El asunto es serio y trasciende con mucho la cuestión de imagen. Según los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre julio de 2014 y julio de 2018, la última serie de cuatro años disponible para consulta, se firmaron en la provincia de Burgos 14.154 operaciones hipotecarias por un importe total de 1.421,9 millones de euros. El tipo del impuesto de actos jurídicos documentados depende de cada gobierno regional. En Castilla y León es el más alto: el 1,5% sobre el riesgo de la hipoteca.
Eso significa que los clientes no se limitan a abonar a la Hacienda regional el 1,5% del importe hipotecado (por ejemplo, 1.500 euros sobre un préstamo de 100.000), sino sobre la responsabilidad hipotecaria total, que incluye el principal, los intereses de todo tipo y el resto de gastos. Al final, no es extraño que el impuesto equivalga al 1,5% del 150% del valor del préstamos concedido. La traducción es que el sector y sus clientes (hay quien interpreta que incluso el organismo recaudador, en este caso la Junta de Castilla y León) se juegan entre 21,3 y 31,9 millones de euros a la decisión final del Supremo, que, sea cual fuere, tiene todas las condiciones para acabar siendo revisada en los tribunales europeos.
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