El Gobierno de España, con la participación de los ministerios de Economía, Industria, Empleo y Agricultura, está trabajando de forma conjunta con Campofrío y la Junta de Castilla y León para que la compañía disponga de «una o dos plantas» en Burgos que le permitan mantener los empleos tras el incendio que destruyó la fábrica de La Bureba el 16 de noviembre.
«Campofrío es esencial para Burgos», afirmó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros en Madrid, «y trabajamos para que pueda volver a disponer de una o dos plantas, volver a reinvertir y mantener los puestos de trabajo, porque además la empresa quiere hacer ese esfuerzo», insistió la responsable del Gobierno, que recientemente mantuvo en La Moncloa un encuentro con el presidente de la cárnica, Pedro Ballvé; de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (al que agradeció «su implicación»), así como con diferentes departamentos ministeriales. «Estamos trabajando en distintas líneas, siendo la más urgente, la del empleo que se ha aprobado hoy [por ayer]», explicó.
Sáenz de Santamaría se refería así al Real Decreto que regula el Programa de Activación para el Empleo, por el que las empresas que, como en el caso de la central incendiada de Campofrío, se vean obligadas a suspender contratos o jornadas por razones de fuerza mayor y que tengan comprometidos planes de reinversión y de mantenimiento del empleo, se verán exoneradas en el 100% del pago de sus cuotas sociales, tanto por contingencias comunes como profesionales.
Esto supone, según las cifras que se barajan desde el comité de empresa, entre 10 y 12 millones de euros que la cárnica debía pagar a la Seguridad Social por las cuotas de los 774 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante los dos años que dura (excluidos los que sean recolocados en otros centros de trabajo).
Este dinero suponía una carga extra para la empresa, para la que el compromiso con el empleo y la reinversión en Burgos a través de un ERTE era mucho más gravoso que el haber optado por los despidos, vía contemplada por la ley en casos de fuerza mayor como el de la destrucción de la capacidad productiva por un incendio. Por ello, se estaban estudiando todas las alternativas posibles para rebajar estos costes.
Criterios
Según añadió a su vez la ministra de Empleo, Fátima Báñez, las circunstancias de fuerza mayor deberán ser «acreditadas» por los servicios de inspección de la Seguridad Social y la empresa tendrá que «comprometerse a la reinversión para poner otra vez en marcha la actividad en circunstancias similares a las que había antes del suceso y, por supuesto, al mantenimiento del cien por cien del empleo». Todos estos criterios se cumplen en Campofrío.
Además, añadió que la exoneración del pago a la Seguridad Social «estará en vigor durante 12 meses con posible prórroga de otros 12 si se mantiene el compromiso de actividad y de empleo».
En caso de incumplimiento de los dos requisitos establecidos (reactivación y mantenimiento del empleo), la empresa deberá reintegrar las exoneraciones aplicadas respecto de dichos trabajadores.
Según el Real Decreto, la empresa que quiera solicitar esta ayuda debe estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como tener asegurados los bienes indispensables para realizar la misma actividad productiva al momento de producirse el acontecimiento de carácter catastrófico que determina la situación de fuerza mayor propia.
Al hilo de este anuncio, el Gobierno también admitió ayer que está trabajando en otros ámbitos para que la empresa burgalesa pueda disponer de «distintos préstamos a intereses razonables de programas de reindustrialización», así como «inversiones relacionadas» con la Unión Europea e incluso líneas ICO de las que se podría beneficiar.