Las energías renovables fueron parte de la ‘Marca España’ durante los años de bonanza. Con nuestro sol, y nuestro viento, íbamos a ser una potencia mundial en producción de electricidad más limpia y más sostenible, y los gobiernos decidieron aplicar un impulso político favoreciendo su instalación con un marco normativo y fiscal propicio.

Llegaron, sin embargo, las vacas flacas y con ellas el cambio de paradigma. Ha desaparecido la alegría de antes para con las renovables y las empresas, ante el nuevo panorama, se lo piensan muy mucho antes de embarcarse en inversiones multimillonarias. Y así la lista de espera sigue engordando sin que haya realidades a la vista.

La provincia de Burgos ya acumula 18 parques eólicos con autorización administrativa concedida pero sin obras en marcha, según los datos que maneja la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl). Dentro de la comunidad autónoma solo León está por delante en cuanto a los proyectos varados por el clima de inseguridad.

El último de los parques que recibió la autorización administrativa lo hizo esta pasada primavera. Se trata del conocido técnicamente como ‘Ampliación Montejo’ en el término municipal de Valle de Valdebezana, que apareció en el Boletín Oficial de Castilla y León a mediados de abril. Antes, en 2013, el boletín reflejó movimientos de expropiaciones forzosas en el Alto de la Degollada (Los Balbases-Castrojeriz) o la declaración de utilidad públicas para otro parque en el Valle de Santibáñez.

Los proyectos a la espera, siempre según Apecyl, sumarían una potencia instalada de unos 290 megavatios, lo que sumaría un 15% más a los casi 1.850 que ya están en funcionamiento en las 70 zonas de aerogeneradores que convirtieron a Burgos hace años en líder regional indiscutible en producción de energía eléctrica mediante los molinos.

Las autorizaciones pendientes de construcción datan, en su mayoría, de los años 2011, 2012 y 2013 pero no arrancan por la indefinición de las reglas del juego. Por ejemplo, recientemente se ha sabido que las eólicas devolverán 50 millones en primas cobradas el último año, siguiendo los cálculos de la patronal regional.

Se quedarán sin ayuda todas las instalaciones construidas antes del año 2005, en total, 23 de los 71 parques eólicos que hay repartidos por la provincia, con el argumento gubernamental de que las infraestructuras más antiguas ya son rentables y no es necesario que sigan recibiendo más inyección de dinero público.

Temor a cierres

Cuando la norma que obliga a la devolución fue anunciada a principios de año el secretario general de Apecyl, Eugenio García, ya lamentaba que algunas empresas podrían «no soportar» la nueva situación e «incurrirán en pérdidas», temiendo incluso que pueda llegarse al cierre. Para la patronal lo más sangrante es que una vez puesta en marcha una inversión privada cambien las condiciones de su explotación. «El Gobierno puede revisar el sistema cada tres años y modificar de nuevo los estándares», manifestaba entonces.

Esta inseguridad explica que no se haya construido ningún parque nuevo en Burgos a lo largo de los tres últimos años, y que los ejecutados en Castilla y León hayan sido fruto de tramitaciones anteriores que ya estaban muy avanzadas.

El presente no es halagüeño, pero de cara al futuro Apecyl confía en las directrices de la Unión Europea, que para el año 2030 se ha marcado el objetivo de que el 30% del consumo eléctrico que se realice en el viejo continente provenga de energías renovables. Si verdaderamente regresa el interés político en promocionarlas el sector podrá recuperar la confianza y empezar a levantar los aerogeneradores para los que ya tiene autorización. De lo contrario, los expedientes seguirán acumulando polvo a la espera de mejores tiempos.