El Grupo Municipal Socialista mostró ayer su «gran preocupación» por la situación financiera del Consorcio que gestiona los pagos que corresponden al Ayuntamiento por el desvío ferroviario y la urbanización del bulevar, así como la venta de los activos generados por la liberación del suelo que otrora ocupó el corredor del tren.

Fue el concejal Antonio Fernández Santos, que es miembro del Consejo Rector del ente, que se reunió el martes para decidir la puesta en el mercado de tres nuevas parcelas con un valor superior a los 20 millones de euros, el que justificó su preocupación y abogó por una solución que, si bien no garantiza nada, sí al menos lograría sentar a la mesa del organismo a quienes verdaderamente tienen poder de decisión.

«Hoy Caja de Burgos y Cajacírculo ya no son entidades financieras, son meros accionistas de dos bancos con porcentajes pequeños y, por tanto, su papel ya no lo puede realizar porque no tienen poder de decisión. Habría que modificar los estatutos para que entren en la gestión los que verdaderamente deciden», abogó. Es decir, que sean directivos de CaixaBank y Caja3 los que participen de la toma de decisiones.

Como ejemplo de que esa realidad se impone en el Consorcio, Fernández Santos aportó dos datos. Uno es ‘cosmético’ pero también descriptivo: el martes, por primera vez desde la constitución, no hubo ningún representante de caja de Burgos en el Consejo rector, «algo que sorprendió mucho». El otro es quizás más contundente.

«Con ambas entidades se había negociado, verbalmente, el aplazamiento de las amortizaciones a las que había que hacer frente durante 2012, pero la realidad es que cada entidad, ya integradas en los bancos, ha retirado 6,5 millones de euros; lo que les correspondía». Así que, de prórrogas, nada.

Eso lleva a los socialistas a temer que exista «un peligro evidente de falta de liquidez para pagar si quiera los intereses de las amortizaciones que hay pendientes de vencer, por lo que tememos que el Consorcio avance hacia el precipicio». Para paliar ese déficit financiero que pudiera darse, el martes se aprobó la puesta en el mercado de suelo por valor de más de 20 millones, un precio que, «comparado con el de las primeras parcelas que se vendieron, es entre un 30 y un 35% más barato y, además, se admiten bajas de hasta el 20%, lo que significa que si llegaran a venderse sería una operación fruto de la desesperación y por debajo de su coste real».

¿Y el sobrecoste?

Además de encargarse de urbanizar el corredor ferroviario y pagar el coste millonario de las obras del bulevar con la venta de suelo, el Consorcio tiene como objetivo (de hecho fue la causa de su génesis) afrontar el pago de la parte de las obras del desvío ferroviario que debe asumir el Ayuntamiento. Ahí entra un tercio del total y todo el sobrecoste.

Pero el encarecimiento de la obra y la reclamación que el Ministerio de Fomento hace a la ciudad (cifrada de inicio en torno a los 30 millones de euros) no se ha resuelto. «Es el tema capital y ahí no hemos avanzado nada porque hay empresas que todavía están haciendo reclamaciones; no tenemos buenos impresiones», dijo Fernández Santos. Para el PSOE de Burgos «nos va a tocar una parte importante, si no es todo» y «conviene recordar que el PP, cuando gobernaba el PSOE, exigía que la operación se cierre sin coste alguno para la ciudad», terminó el edil socialista.