En Europa el paro entre quienes tienen entre 16 y 24 años afecta a 5,2 millones de personas;en España a  881.400. En Burgos, son 2.515 jóvenes, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a 30 de junio de este año. Ello supone el 8,66% de los 29.052 desempleados que se registraron en la provincia el mes pasado.

Estas cifras han hecho que en los últimos años se hable del riesgo de ‘una generación perdida’, algo que ha llevado a la Unión Europea a poner en marcha el llamado ‘Plan de Garantía Juvenil de Empleo’, inspirado en medidas ya adoptadas en años anteriores en países como Finlandia y Austria. 

Este documento establece, entre otras medidas, una nueva bonificación para la contratación indefinida de jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil de 300 euros durante un máximo de seis meses en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social:1.800 euros en total. También se han introducido incentivos de hasta el 100% en las cuotas a la Seguridad Social en los contratos formativos cuando se utilizan para contratar a jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil. Con carácter general, a ellopodrán acogerse los jóvenes menores de 25 años que no estudien ni trabajen, lo que se conoce más comúnmente como ‘ninis’.

 La Garantía Juvenil en España se enmarca en la estrategia de Emprendimiento Joven aprobada en febrero de 2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Recomendación sobre la Garantía Juvenil establece que los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.

 

fondos de 1.800 millones. En España el programa se ha dotado con un total de 1.800 millones de euros, de los que 900 proceden del Fondo Social Europeo, mientras que la otra mitad son de nueva aportación, que llegarán entre 2014 y 2015. Por su parte, el Consejo Europeo aprobó un refuerzo económico de 6.000 millones bajo la denominada Iniciativa de Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020.

Desde hace una semana, los integrantes de este colectivo que llevan 30 días parados pueden inscribirse en un registro telemático que ha puesto en marcha el Ministerio de Empleo (http://www.empleo.gob.es). En dicha página tendrá que acceder a otra carpeta llamada garantía juvenil. 

Desde la FAE valoran positivamente el anuncio del Gobierno porque las medidas van dirigidas a personas en paro que ni estudian ni trabajan y destaca los aspectos vinculados al apoyo a la contrata- ción y el emprendimiento.

Sin embargo, lamentan que la cuantía, los plazos y el colectivo al que va destinado están «demasiado acotados» y consideran que el plan debería haber sido «más ambicioso y no quedarse sólo en incentivos a la contratación indefinida, sino también para la temporal», asegura  Íñigo Llarena, vicesecretario general de la patronal burgalesa. Igualmente considera que la duración de los incentivos, 300 euros durante seis meses, «se nos antoja un poco corto» y explica que «echamos de menos que hubiera mayor distinción para las pymes o autónomos que hacen los contratos, y que no sólo se tenga en cuenta a las grandes».

Por otro lado, Llarena hace hincapié en que los jóvenes a los que va dirigido son una minoría respecto del total de jóvenes en ese tramo de edad. Así, según el Instituto Nacional de Estadística, entre 20 y 24 años en la provincia de Burgos hay 18.041 personas. Por tanto, el porcentaje de desempleados no llega al 15 por ciento del total. 

Por otra parte, y desde el punto de vista empresarial, recuerda que la «utilidad laboral» de los ‘ninis’ es «muy escasa, pese a que dependerá también del sector». Por ello, asegura que suponen un «coste enorme a las empresas», que son las que tienen que tutorizarles, formarles y ayudarles. «Por tanto, sus condiciones salariales deberían basarse en contratos en prácticas o para la formación», concluye Llarena. 

Además, desde los sindicatos Comisiones Obreras y UGT  también lanzan críticas a dicho plan. De «insuficiente» califica el secretario provincial de CCOO, Fidel Ángel Velasco, la ayuda de 300 euros durante medio año para afrontar «la gravísima situación del desempleo en la que se encuentran los jóvenes». En opinión de este sindicato, este programa no es más que «una huida hacia adelante por parte del Gobierno, ya que dada la ausencia de fondos suficientes para aplicarlo puede constituir un simple parche estadístico para ocultar el desempleo e incluso una nueva vía de precarización de las condiciones socioeconómicas de la juventud». Por ello, Velasco reclama que se pongan en marcha programas de formación profesional dual de calidad, se luche contra las becas «fraudulentas» y el trabajo «informal» y se recuperen programas como las escuelas taller y casas de oficios.

Finalmente, desde CCOO insisten en que la situación actual de desempleo es consecuencia de la «falta de actividad económica», de ahí que reclaman medidas que impulsen ésta con el fin de poder generar empleo. «Una reactivación económica sostenible y duradera junto con un plan de inversiones dirigidas al empleo son condiciones ineludibles para mejorar la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo», agregan.

Por otro lado, el secretario provincial de la UGT en Burgos, Roberto Gómez, lamenta que el Plan de Garantía Juvenil se reduzca a acumular más subvenciones sobre las que ya tienen los empresarios para contratar a un joven. Además, califica el plan de «parcial» en cuanto a que va a suponer una «oportunidad» para los jóvenes de hasta 25 años, pero recuerda que en España hay el doble de desempleados de entre 25 y 35 años. Por otro lado, Gómez reclama un» mecanismo de seguimiento y evaluación» para poder comprobar su «incidencia real». En cuanto a la financiación, considera que es «mínima». 

En su opinión, para elaborar este tipo de documentos se debe contar con orientación profesional especializada, que tenga en cuenta la diversidad de situaciones y de itinerarios adecuados. Igualmente desde la UGT reclaman concretar más las fórmulas de participación de los organizadores sindicales y consideran que «no es una buena oferta» un empleo de tres meses de duración y una jornada del 50% para garantizar una experiencia válida y sostenible de inserción en el mercado laboral. «Se debería revisar la duración del contrato y de la jornada en función de las posibilidades o necesidades de formación. Si fuera sin formación una jornada parcial de tres meses no garantiza nada», subrayan.

Finalmente, desde el Consejo de Alumnos de la UBU, su vicepresidente, Javier López Martínez, asegura que,  desde el punto de vista universitario, el Plan de Acción Juvenil «nos deja a los estudiantes universitarios en la estacada». Añade que «lo que a priori parece ser una gran ventaja para obtener nuestro primer trabajo vemos cómo nos deja fuera por dos motivos: primero, somos estudiantes universitarios por lo que incumplimos el mínimo de 90 días sin formación; y segundo, la realización de prácticas en empresa, que en muchas ocasiones es obligatoria, nos deja fuera por razones laborales». En la misma línea, matiza que dicho documento, que apoya a los ‘ninis’ «nos deja en clara desventaja a los que sí-estudiamos y sí-pseudo-trabajamos, entendiendo por pseudo-trabajo todas las prácticas en empresa mal o directamente no pagadas, a las que nos aferramos los estudiantes». 

Por último, López Martínez apunta que «la situación laboral a nivel universitario es  un problema de fondo. En algún momento la universidad pública perdió el contacto con la realidad laboral, aferrándose a programas formativos totalmente desfasados». 

 

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