Nueva noticia vinculada al polémico ‘caso Espolón’. Mientras se está a la espera de la resolución de los recursos presentados por el arrendatario del local municipal y el Ayuntamiento -a raíz de la sentencia en la que se condenó al hostelero a pagar más de 207.00 euros por impago del alquiler entre los años 2003 a 2011- un grupo de ciudadanos presentó el viernes ante el Juzgado de Instrucción decano de Burgos una denuncia, vinculada a este caso, contra el exalcalde y diputado Juan Carlos Aparicio y el exconcejal de Hacienda y actual vicealcalde, Ángel Ibañez, «por ocultar esta situación, permitiendo por acción y omisión que fuera agravándose y dilatándose en el tiempo, causando un quebranto económico al Ayuntamiento».
Entre los promotores de este escrito están la Asociación Eras de Gamonal -que preside Francisco Cabrerizo- y el empresario Carlos de Miguel, tal y como se ha informado en la web de este colectivo. Y es que pese a que en el comunicado enviado ayer a los medios de comunicación su abogado informaba de que se habían tachado los nombres de las personas que han secundado la denuncia «porque lo que se pretende es que no exista ningún tipo de personalismos en este asunto y, por tanto, no hay ningún tipo de portavoz que dé voz a esta denuncia», este periódico ha podido saber que el sábado ya se daba cuenta de estos hechos en la web del colectivo, que se hacía cargo de la denuncia.
En el escrito se hace un repaso a las informaciones publicadas sobre el impago del alquiler y se recuerda que en 2008 el Área de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento emitió un informe jurídico en el que se ponía de relieve «la situación palmariamente ilegal y caótica en la que se encontraba la concesión». Por ello, los denunciantes piden que «el Juzgado de instrucción se investiguen estos hechos por si los mismos pudieran ser constitutivos de algún tipo de infracción penal».
Contrato del año 2000
Cabe recordar que la adjudicación de las instalaciones municipales del paseo del Espolón se hizo el 18 de mayo de 2000, que el contrato tenía una validez de cinco años y que, transcurrido ese tiempo, el adjudicatario no abonó el alquiler, pese a lo cual no se rescindió el contrato. Y pese al citado informe emitido en 2008, el caso no saltó a la opinión pública hasta septiembre del año pasado. Por todo ello, además, las cuantías impagadas entre 2000 y 2003 han prescrito.
Los denunciantes aseguran que «próximamente» podrían sumarse más ciudadanos a la iniciativa.
El ex alcalde Juan Carlos Aparicio fue preguntado ayer por este asunto a su salida del Pleno del Congreso de los Diputados y en declaraciones a Europa Press afirmó: «Tengo confianza en la Justicia y no tengo nada más que decir». En la misma línea, el vicealcalde y concejal de Fomento, Ángel Ibáñez, expresó a este periódico su «plena confianza» en la Justicia y añadió: «Tengo la conciencia muy tranquila».