Juzgan a un gestor por quedarse con 30.000 euros de clientes

ICAL
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La Fiscalía pide dos años de prisión por apropiación indebida para J.A.A.P., que en marzo fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 a una pena de 6 meses de prisión y otros tantos de multa por falsedad en documento oficial

La Fiscalía pide dos años de prisión para un gestor administrativo de Burgos, cuyas iniciales son J.A.A.P., por apropiarse de más de 30.000 euros de tres clientas en 2014. La Audiencia Provincial de Burgos juzgará el 20 de noviembre al acusado por un delito de apropiación indebida (tras suspenderse en dos ocasiones ya que en un principio se fijó el 15 de marzo y posteriormente el 17 de mayo pero no llegó a celebrarse), según se recoge en las calificaciones del citado procedimiento.

En ese sentido, el escrito de acusación indica que el citado gestor administrativo de una mercantil de la capital burgalesa, recibió de tres hermanas la cantidad de 30.000 euros en tres transferencias realizadas en julio de 2014 por importe de 10.000 euros cada una en una cuenta corriente del acusado tenía abierta en una entidad financiera en concepto de provisión de fondos para tramitar y atender los gastos derivados de la herencia de su hermano, fallecido en abril de 2014, así como una derrama adicional por importe total de 1.200 euros, ingresada también en la citada cuenta, para realizar la declaración de herederos ‘ab intestato’. Sin embargo, indica que “el acusado hizo caso omiso de las obligaciones contraídas apoderándose de la totalidad del dinero ingresado sin destinarlo a hacer frente a los gastos generados”.

Ello motivó, añade, que las tres hermanas herederas tuvieran que abonar la cantidad de 465,11 euros a la Agencia Tributaria derivadas del recargo impuesto fruto del pago tardío del impuesto de sucesiones, así como la cantidad de 289,49 euros en concepto de gastos en el Registro de la Propiedad.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita imponer al acusado la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de gestor administrativo durante la condena y costas procesales.

Así, el Ministerio Público pide que el acusado indemnice a las tres hermanas la cantidad de 31.200 euros por la provisión de fondos y 465,11 euros por el recargo derivado del pago tardío a la Agencia Tributaria, debiendo ser declarada la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil del acusado y la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora.

 

OTRA CONDENA

Por otro lado, el Juzgado de lo Penal número 2 de Burgos ha condenado a esta misma persona, con iniciales J.A.A.P., como autor de un delito de falsedad en documento oficial a la pena de seis meses de prisión, multa de seis meses con cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas e inhabilitación especial para la profesión de gestor administrativo durante el tiempo de la condena, así como las costas del juicio.

Así se desprende de la sentencia emitida por el citado juzgado el pasado 23 de marzo, tras la denuncia presentada por la acusación particular, dos clientes que contrataron sus servicios para llevar a cabo las gestiones necesarias para regularizar la herencia del esposo y padre, según consta en los hechos probados de la sentencia.

Además, para la ejecución de dicho encargo, el querellado solicitó a los querellantes una provisión de fondos por importe de 85.000 euros para el pago del impuesto de sucesiones y donaciones, así como la plusvalía del Ayuntamiento de Burgos. Una cantidad que ingresaron en la cuenta indicada a nombre de la gestoría del condenado pero que, según cita la sentencia, “no destinó inicialmente al pago de los impuestos de la citada herencia”.

El acusado presentó los modelos 660 y 650 en relación a uno de los clientes pero no lo hizo respecto al segundo. Para poder seguir tramitando la herencia y efectuar el cambio de titularidad de cuentas bancarias, el condenado necesitaba acreditar el pago del impuesto por lo que “crea la apariencia de que lo ha hecho a través de la presentación a las entidades bancarias del documento manipulado”.