La Junta de Castilla y León mantiene la fecha del 5 de diciembre como fecha límite para el reconocimiento de obligaciones presupuestarias, pero reconoce que la Consejería de Hacienda ha dado órdenes de un mayor control en el gasto para cumplir con los objetivos de déficit.

Así lo explicó la consejera portavoz de la Junta, Milagros Marcos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en relación a la denuncia de José Sarrión (IU) de que Hacienda ha adelantado en tres semanas el cierre de pagos en la Administración en los capítulos de inversiones reales y subvenciones.

Marcos restó importancia a la denuncia del procurador y aseguró que sólo existe una orden, publicada en el Bocyl en octubre, en la que se establece el 5 de diciembre como la fecha límite de reconocimiento de obligaciones, si bien añadió que cuando llegan los meses de cierre del ejercicio “hay un mayor control” para ver la ejecución y cumplimiento del déficit.

“Se está ejecutando y lo que se hace desde Hacienda es medir y ver el cumplimiento del objetivo de déficit, se siguen cargando expedientes, gestionando las actuaciones”, indicó, para señalar que “la única cuestión” es que, con carácter general, cuando llegan los meses de cierre “se va mirando” los objetivos de déficit y “más este año que no sabemos con que presupuesto se va a contar para el próximo año y que se tiene que prorrogar”.

Sin embargo, manifestó que el escenario del próximo año no cambiará con la prórroga de los Presupuestos del Estado porque contemplan el mismo techo de gasto.

Por su parte, José Sarrión explicó, durante una rueda de prensa, que el 9 de noviembre se cerró “sin previo aviso” dos fases de la ejecución del capítulo 6 (inversiones reales) y tres del capítulo 7 (transferencias de capital conocidas como subvenciones) y se informó de ello de manera extraoficial a los funcionarios encargados de tramitar los expedientes el 12 de noviembre. “¿Recorte encubierto o problemas presupuestarios?”, se preguntó.