El envejecimiento de la sociedad española, con una pirámide de población que ratifica que la esperanza de vida se prolonga al tiempo que se tienen menos hijos, fue causa más que suficiente para que hace no muchos años proliferaran las residencias de la tercera edad como un sector empresarial de innegables garantías. Sin embargo, la realidad es que la crisis también ha tocado este terreno y la pérdida del negocio en los últimos cinco años ronda «entre el 12% y el 15%».
Ese es el cálculo que realiza la presidenta de la Asociación Provincial de Residencias de la Tercera Edad (Aspreburte), Felicidad Viyuela, que representa a entre 20 y 22 centros de los 89 que hay repartidos por toda la provincia. De estos, 15 son públicos, 17 pertenecen a fundaciones (públicas o privadas), en otra aparece como titular la Caja de Ahorros Municipal y en las 56 restantes la gestión directa corresponde a sociedades privadas (se incluyen las religiosas).
Con todas estas fórmulas, lo primero que hay que diferenciar es el modo en que ha afectado a los distintos tipos de residencias. En función de si se explotan con el dinero de todos o si salen a flote por iniciativa empresarial. Porque si bien las primeras mantienen su máxima ocupación, son las segundas las que están soportando los reveses de la crisis.
La presidenta de Aspreburte señala, en primer lugar, que «en este tiempo solo se han producido un par de cierres» de residencias. Pero advierte que «de seguir así, serán más». En cualquier caso, Viyuela lanza una crítica hacia el sector público ya que, según entiende, la Junta o la Diputación «se llevan a los residentes» de sus negocios. Y es que, a medida que quedan plazas libres (en el 99% de los casos por defunciones) las administraciones tiran de lista de espera y llaman a nuevas personas. Independientemente de si, en ese momento, ya se alojan en algún geriátrico. Y aunque los hay que no quieren cambiar, «hay otros que sí lo hacen» reconoce. La razón, económica.
Por otra parte, la empresaria añade que también dentro de los centros privados hay que diferenciar entre los pequeños, que atienden a unos 20 o 25 ancianos, de aquellos grandes espacios en los que hay cabida para un centenar e incluso más. Entre otras cosas, porque «a la hora de cumplir los ratios que exige la Junta» (número de enfermeros, de cocineros, de médicos... por dotación), «las grandes tienen mucho más juego», subraya. En otras palabras, el ajuste de plantillas cuando se pierden residentes es más difícil de asumir en un negocio más modesto. Algo que no se pueden permitir hacer porque «supondría aceptar una pérdida en la calidad del servicio», añade.
Muchas vacantes. Con todo esto, lo cierto es que este desinfle del sector no es otra cosa que la consecuencia de que «cada vez hay más plazas libres» en las residencias de ancianos privadas. Esto no quiere decir que se marchen de estos espacios por voluntad propia o que tengan que abandonar los geriátricos asfixiados por la crisis. Sin embargo, la coyuntura económica sí se nota cuando al fallecer un residente o al mudarse a una pública, las vacantes permanecen vacía. Eso, o se tarda más que antes en volver a ocuparla.
El presidente de la Comisión de Bienestar Social de la Diputación, Jorge Mínguez, lejos de admitir que las residencias públicas se lleven clientes de las privadas, se centra en que «la calidad» del servicio que presta la administración es difícilmente igualable. Y eso hace, sin ir más lejos, que las 5 que gestionan mantengan una ocupación del 100%. Más que nada, porque la institución provincial no es esclava de los números, se puede permitir pérdidas (se trata de un servicio, no de un negocio) y superar las ratios que exige la normativa para el resto. Es decir, disponer de más personal.
Por su parte, desde la Junta de Castilla y León defienden que si la ocupación en las residencias que gestionan no llega en alguna de ellas al 100% es porque la Administración regional tiene que reformar todos sus centros para adaptarlos a personas asistidas o dependientes. Lo que sucede, según confirmaron, es que «ahora no hay dinero para realizar estas inversiones». Y como todas las plazas, desde el cambio de normativa, tienen que ser para asistidos, no se pueden ofertar a válidos para luego tener que echarlos. En otras palabras, que sus residencias, aunque por motivos diametralmente opuestos a las privadas, también notan la crisis.