La situación de la central nuclear de Santa María de Garoña dio un giro de 180 grados hace pocas semanas. Fue entonces cuando el Consejo de Seguridad Nuclear comunicó a sus propietarios por escrito que deberán materializar inversiones millonarias en la planta antes de que los técnicos de este organismo emitan un informe sobre la autorización de explotación hasta 2031, solicitada hace ahora un año. El escrito, que venía a aclarar las dudas manifestadas al CSN por Nuclenor en comunicaciones anteriores, no deja lugar a dudas e indica que han de ejecutarse los trabajos y estar probada su efectividad para que los técnicos del CSN los evalúen y con los resultados de las pruebas emitan el preceptivo informe. La decisión de si se ejecutan o no estas inversiones, que podrían superar los 100 millones de euros, se espera que se adopte en un próximo Consejo de Administración de Nuclenor, que se baraja para junio, aunque también podría dilatarse en el tiempo.
Según ha podido saber DB de fuentes del sector, el CSN marca a Nuclenor un calendario de inspe-cciones de las inversiones que se extiende hasta el próximo mes de diciembre, fecha en la que estaría prevista la emisión del informe técnico. De atender a las exigencias del CSN, Nuclenor deberá realizar inversiones millonarias que podrían caer en saco roto si las próximas elecciones generales traen un cambio de gobierno, dado que todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, salvo el PP, están en contra de la puesta en funcionamiento del reactor nuclear del Valle de Tobalina. Así lo han reiterado en numerosas ocasiones e incluso sellado en un pacto tanto a nivel nacional como regional.
Así pues, un informe favorable del CSN podría verse convertido en papel mojado, dado que es preceptivo, pero no vinculante, y el nuevo gobierno de turno podría denegar la solicitud de autorización de explotación hasta el año 2031 de Nuclenor, como ya sucedió en 2009.
La exigencia que ahora plantea el CSN es diferente a la que tuvo en junio 2009 con Garoña cuando le dio un informe favorable a su funcionamiento hasta 2019. Entonces concedió a Nuclenor diferentes plazos para ejecutar las importantes modificaciones de diseño que le exigía. En unos casos, el plazo se extendía hasta la parada de recarga del año 2011 y en otros, hasta la de 2013, de tal modo que la empresa no realizó un gran desembolso económico antes de conocer el dictamen técnico del CSN. A las pocas semanas, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero desoyó aquel informe, que indicaba que Garoña se encontraba en condiciones de seguridad adecuadas para seguir operando hasta 2019, limitó la autorización de explotación de Garoña a cuatro años y fijó su cese definitivo en julio de 2013. Además de ello, la Orden del Ministerio de Industria emitida al efecto prohibió a Nuclenor llevar a cabo en Garoña las importantes inversiones que el CSN le había exigido para su funcionamiento hasta 2019. De ahí que aún no se hayan materializado.
Tras la modificación del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radioactivas, Nuclenor tuvo oportunidad de pedir la renovación de su autorización de explotación. Lo hizo en mayo del pasado año y el 30 de julio, el pleno del CSN emitió una Instrucción Técnica Complementaria, en la que reclamaba a Nuclenor hasta 22 «requisitos adicionales asociados a la solicitud de renovación de la autorización de explotación».
En aquella instrucción se indicaba en numerosos epígrafes que los trabajos debían estar completados «antes de la carga de combustible» en el reactor y, por tanto, antes de la puesta en funcionamiento de la planta, pero en ningún lugar se indicaba que fueran preceptivos para que el propio CSN emitiera su informe. En el caso de las modificaciones de diseño identificadas en 2009 y que ahora volvían a exigirse, el CSN indicó que «deberán ser apreciadas favorablemente por el CSN previamente a su entrada en servicio».
Parecía claro que el arranque del reactor de la planta estaba supeditado a las inversiones, pero no así el informe del CSN. Además de todo ello, Nuclenor tiene pendiente la resolución del recurso interpuesto ante la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de imponerle en julio de 2014 una multa de 18,4 millones de euros por detener su reactor en diciembre de 2012 «sin autorización», así como el recurso contra la decisión de la Confederación Hidrográfica del Ebro de exigirle medidas que refuercen la refrigeración del agua que toma del río Ebro.