En la provincia de Burgos hay 3.100 empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social, pero Comisiones Obreras estima que realmente hay más de 7.000 trabajadoras operando en este ámbito, en su mayoría mujeres y en muchos casos extranjeras. El empleo sumergido a nivel nacional alcanza a las 370.000 personas que, en muchos casos, trabajan en unas condiciones de «semiesclavitud», con jornadas sin descanso (incluidos sábados y domingos), sin salario mínimo interprofesional (SMI), sin cotización a la Seguridad Social y sin posibilidad de disponer de desempleo, ni jubilación, ni vacaciones, ni bajas...

José Luis Sacristán, responsable de Construcción y Servicios de CCOO, reconoció ayer que denunciar estos abusos a la Inspección de Trabajo es «perder el tiempo» por la imposibilidad de acceso a los hogares sin un permiso judicial, por lo que urgió un cambio para evitar la impunidad con la que se desarrolla esta economía sumergida, detrás de la cual hay «auténticos dramas personales».

Al sindicato han llegado casos de jornadas de más de 8 horas (incluyendo el cuidado de personas dependientes) cuando solo están pagadas 4 o de mujeres de más de 80 años que siguen limpiando casas porque no tienen pensión.

Sacristán recordó, no obstante, que los empleadores ilegales se exponen a multas a partir de 3.000 euros, aunque lamentó que no se haya impuesto ninguna en el ámbito de Burgos desde la aprobación de la nueva normativa laboral, en junio de 2011.

Por ello, exigió de entrada al Gobierno español la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT),que marca las normas básicas de un trabajo decente para este colectivo. Para ello, el sindicato ha emprendido la recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular que lleve esta cuestión ante Parlamento para su debate.

En términos concretos, esta petición exige que el Gobierno iguale las condiciones laborales de las empleadas del hogar con el resto de colectivos de trabajadores, lo que implica un contrato de trabajo, afiliación a la Seguridad Social, cotización real para la jubilación, derecho a prestación por IT, por riesgos de embarazo, derecho a las prestaciones del Fogasa en caso de insolvencia del pagador, indemnización por despido, vacaciones y retribuciones salariales que en ningún caso sean inferiores al SMI.

Ilegales

La regularización de este sector, recordó Mohamed Chograni, técnico de CCOO, no solo supone el afloramiento de economía sumergida sino la posibilidad de que muchas mujeres extranjeras puedan regularizar su situación en España a través de un trabajo regulado.

En este sentido, la labor del sindicato se enfoca tanto al asesoramiento en el ámbito laboral como en el de extranjería.