La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Burgos (Abuproin) descarta iniciar ninguna acción contra el proceso que ha retomado el Ministerio de Defensa para cerrar la operación de venta del antiguo Parque de Artillería. Ahora bien, eso no quiere decir que esté de acuerdo con cómo se están desarrollando los acontecimientos en los últimos tiempos. Su presidente, Gonzalo López Recio, entiende que una vez que Riodaser decae en sus derechos de compra -tal como reconoce el secretario de Estado Ángel Olivares- «se debe abrir un procedimiento abierto a todo el mundo» para optar a los terrenos.
De la carta del exalcalde de Burgos al alcalde actual, Javier Lacalle, se deduce que la «fórmula» que se ha buscado para dar «una solución al problema» es solo con Riodaser, aunque advierte de que están pendientes aún «informes técnicos y jurídicos» que la avalen. Para López Recio, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento (Invied) debía abrir una nueva subasta, porque en estos meses «se ha abierto un camino» y generado unas «expectativas» que pueden «dar más valor» a la operación urbanística y provocar «una mayor concurrencia» de empresas interesadas. «Puede ser que ahora se pague más», resume, por lo que no entiende por qué no se ha devuelto la fianza a Riodaser y «no se ha abierto un proceso para todos».
En este mismo sentido, tampoco se explica «por qué el Ayuntamiento da trámite a un estudio de detalle a unos señores que no son los propietarios del solar», cuando «además después el verdadero dueño (Defensa) alega expresando su desacuerdo».
López Recio tilda de «extraño» todo el procedimiento. Por dos factores. El primero, el de «la gran celeridad» con que se ha llevado la tramitación urbanística, cuando una licencia en cualquier otra sector «puede tardar un año». Y, segundo, por la «generosidad en las compensaciones» concedidas a Riodaser por comprometerse a levantar el 100% de las viviendas de protección oficial, en lugar de la mitad, tal como dicta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
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