El Partido Popular en el Ayuntamiento dio ayer su apoyo a la moción en la que PSOE e IU piden al Gobierno de Mariano Rajoy la retirada de la nueva ley de tasas judiciales por considerar que persigue un objetivo recaudatorio y que impedirá a muchos ciudadanos acudir a la Justicia.
La concejala popular Maite Porro explicó que su Grupo Municipal está de acuerdo con el fondo de la moción, «pero no con la forma» en la que se defendió ayer, matizando que con esta ley «no se están desmantelando los servicios esenciales», como denunciaron PSOE e IU en la sesión plenaria de ayer.
Para la edil del PP, más que estas nuevas tasas, el principal problema que actualmente tiene la Justicia es la propia Justicia en sí, matizando que desde que se interpone una demanda hasta que se resuelve con una sentencia transcurren «muchos meses e incluso años». «Y eso sí es un problema para la gente, le cuesta dinero, sufrimiento, tiempo y tiene unos costes que no son cuantificables económicamente», subrayó Maite Porro, pidiendo a renglón seguido que «se regule y coordine» mejor a los trabajadores de la Administración de Justicia para que el funcionamiento del sistema sea más eficaz.
También recordó que las personas sin recursos económicos podrán seguir accediendo líbremente a los juzgados. La justicia gratuita, dijo, «es muy lícita» si bien reconoció que con esta ley será difícil de conseguir. «Al final la persona que gane 1.200 euros al mes es la que va a tener que pagar todas estas tasas y quizás son excesivas para acceder al derecho que pretende defender».
Por todo ello, la edil popular concluyó que «con peculiaridades, esta ley no se ajusta al fin que está buscando». Y es que en su opinión, la justicia gratuita está funcionando «relativamente mal» porque «se está pleiteando por temas que no son ni analizados». Por ello, abogó por la presencia de una institución que regule qué se puede presentar y qué no. «La justicia gratuita no es pleitear por todo», destacó.
En cuanto a las nuevas tasas judiciales, desde el PP sí se reconoció que «un recurso de apelación de 800 euros es caro», convirtiendo a los jueces de Primera Instancia «en personas que no pueden ser recurridas por el coste del procedimiento», concluyeron.
Mucho más crítica con la ley de tasas fue la portavoz socialista que junto a IU promovió dicha moción. Aitana Hernando manifestó que la nueva normativa supone «un retroceso brutal» en los derechos de los ciudadanos hasta el punto de que «se vuelve a un sistema preconstitucional». Criticó además que el Gobierno del Partido Popular haya aprobado esta ley «a todo correr, sin aceptar propuestas y teniendo en contra a todos los grupos parlamentarios, asociaciones de consumidores y sindicatos».
También incidió en que la ley de tasas «rompe el principio de igualdad» porque solo podrán acceder a la Justicia quien pueda pagarla. «Y encima las tasas son tremendamente abusivas», dijo. En concreto, de entrada se deberá pagar unas cantidades fijas que oscilan entre 100 y 1.200 euros, y posteriormente otra cantidad variable que dependerá de la cuantía del procedimiento, y que puede llegar a los 10.000 euros. «Nos podemos encontrar muchos ejemplos en los que sea más la tasa que la cuantía del pleito», expresó, por lo que se considera que además de un objetivo recaudatorio, la ley tendrá un objetivo disuasorio.
En su turno de palabra, la concejala de Izquierda Unida resaltó que esta ley supone la «defunción del estado de derecho» y vulnera el derecho a la igualdad, sobre todo porque el importe de las tasas «no se establece en base a la renta sino al procedimiento». Así, por ejemplo, recurrir una multa de tráfico de 100 euros una vez agotada la vía administrativa costará 200 euros en tasas judiciales, lo mismo que reclamar una factura errónea de luz, gas o teléfono por valor de 80 euros.