La fase cuarta del polígono Villalonquéjar empieza a ver la luz: ya hay industrias activas, grandes superficies comerciales a punto de abrir sus puertas y, como quedó patente en la última reunión del consejo rector del Consorcio, una buena parte del suelo está vendido o en proceso de comercialización. Sin embargo, permanece inalterable la laguna de la parcela municipal destinada a aparcamiento para camiones, vacía, sin visos de actividad y con un incipiente arbolado prosperando en el abandono. Es un tema que preocupa seriamente a los empresarios del polígono (AEPV)y sobre el que gravita la sombra de un ‘pacto de caballeros’ firmado hace 17 años, el 1 de marzo de 2001, entre el Ayuntamiento, Asebutra S.A. y la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Burgos (Adesbur).
El acuerdo, básicamente, evita que se vuelva repetir en Villalonquéjar lo ocurrido en el polígono de Gamonal con el aparcamiento de vehículos pesados de la carretera de Logroño, donde la patronal Asebutra, con el visto bueno del Ayuntamiento, instaló una estación de servicio para abastecer de carburantes a los camiones de sus cientos de asociados delante de las narices de todo el sector de gasolineras provincial, que entendió este proyecto como un torpedo en su línea de flotación.
El grave contencioso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y fue ganado por Adesbur, que litigó contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno del 3 de octubre de 1996 que adjudicó a Asebutra la gestión y explotación del aparcamiento de la carretera de Logroño. El fallo fue recurrido en casación por el Ayuntamiento y Asebutra ante el Tribunal Supremo, aunque ya daba por factible, recuerda Rafael Pizarro, entonces presidente de Adesbur, el cierre del parking y una indemnización que podría superar los 5.000 millones de pesetas de entonces a la patronal de las gasolineras (más de 30 millones de euros), valorando el combustible que se vendía en el interior del aparcamiento.
Fue tal el volumen de daños económicos al que se exponía la ciudad que las tres partes en conflicto, personalizadas en la figura del entonces alcalde, Ángel Olivares, el presidente de Asebutra, José Luis Olivella (que tomó el testigo del impulsor de este proyecto, Pepe Iglesias), y Rafael Pizarro se avinieron a alcanzar un acuerdo.
Su logro no fue nada fácil y costó cuatro años largos de negociaciones en las que se implicaron de lleno la patronal FAE, en tiempos de José María Arribas, y la Cámara de Comercio, con su presidente, Antonio Méndez Pozo, y su secretario general, José Luis Miguel de la Villa (ya desaparecido), al frente. De hecho, el ‘pacto entre caballeros’ se ultimó en el despacho del presidente cameral y posteriormente se comunicó a Juan Vicente Herrera, en su condición entonces de presidente del PP burgalés, dado que su partido era mayoritario en el Ayuntamiento que gobernó Olivares y que era el blanco de la sentencia.
«Antes de que hablase el Tribunal Supremo se llegó a un acuerdo de generosidad por todas las partes», recuerda Pizarro. Así, a cambio de que la patronal de la gasolineras no siguiese adelante con el contencioso judicial que estaba ya ganando (es decir, de que manifestase su satisfacción extraprocesal), Asebutra se comprometía a suministrar «solamente gasóleo A» en el aparcamiento de la carretera de Logroño a los profesionales con vehículos industriales provistos de la correspondiente tarjeta de transportes.
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