Cecale y Cermi suman esfuerzos para emplear a discapacitados

Ical
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En Castilla y León los contratos de este tipo los realizan en un 78 por ciento los centros especiales de empleo y solo un 12 por ciento las compañías privadas

La Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla y León suscribieron hoy un convenio de colaboración para conseguir que se aumente el empleo en la empresa ordinaria para el colectivo ciudadano que sufre algún tipo de limitación física o psíquica. “Se trata de estrechar lazos primero y luego de defender la igualdad de derechos y oportunidades”, según indicó el presidente de la patronal, Santiago Aparicio.

Al respecto, recordó que hay en Castilla y León empresas grandes que tienen integrada una esttrategia de formación e inserción laboral de las personas con dispacidad “y eso es lo que realmente importa”, y con el convenio se pretende también hacer llegar “y convencer” a las de menor tamaño que “aunque no las corresponda por ley” es bueno contratar a integrantes de este colectivo.

“Estas personas cuando trabajar se sienten queridas, iguales a los demás y útiles, e incluso en Soria conozco ejemplos de trabajadores con limitación física que han cambiado su vida. De estar en casa y medicados han mejorado mucho al tener un empleo y reducir los medicamentos a menos de la mitad”, deslizó Aparicio.

En su opinión hay que “concienciar y senbilizar” a las empresas y difundir el convenio suscrito entre las asociaciones empresariales de las provincias en Castilla y León adscritas a Cecale y “que llegue a todos los rincones y empresas por pequeñas que sean”, para que puedan brindar a personas discapacitadas a través del empleo “esa igualdad de oportunidades que se precisa”. En este sentido, se expondrán las posibilidades de formación y de ayudas existentes a las empresas para este tipo de contratación y se las pondrá en contacto con Cermi.

Por su parte, Francisco Sardón, presidente de Cermi Castilla y León, entidad que aglutina a las entidades sociales del denominado tercer sector, explicó que el convenio firmado “oficializa una colaboración que ya era antes tácita y fructífera” con el tejido empresarial. “Así las empresas y quienes representamos a este colectivo nos conoceremos másy podremos apoyar la inclusión plena de las personas con discapacidad a través del ámbito laboral de forma natural, fluída y normal”, dijo.

Para ello, Sardón resaltó que es bueno “tener aliados” que creen en el potencial de personas con algún tipo de limitación física o psíquica. Así, dijo que el convenio suscrito con Cecale “vuelve a situar a Castilla y León en un punto de liderazgo” en lo que se refiere a los sectores empresarial y de discapacidad por que “se unen fuerzas” para que haya una mayor contratación de integrantes de este colectivo en las empresas.

Conocer el potencial

“A veces se desconoce el potencial que tienen estas personas, en muchos casos bien formadas y con capacidad para producir al mismo nivel que otro trabajador sin ningún tipo de limitación”, aseveró. Por ello, dijo que se realizarán jornadas y encuentros en distintas provincias para dar a conocer a las empresas el marco normativo de contratación de discapacitados y las líneas de trabajo y prestación de servicios que tienen muchas entidades sociales.

En ese sentido, Sardón señaló que no debe contratarse por mandato legal -que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a reservar un dos por ciento de plazas en su plantilla para personas con discapacidad- “si no por pleno convencimiento y por que supone una oportunidad para las empresas de la Comunidad”.

El presidente de Cermi recordó que actualmente en Castilla y León los contratos de este tipo los realizan en un 78 por ciento los centros especiales de empleo y solo un 12 por ciento las compañías privadas. Por ello, apuntó que el objetivo a corto y medio plazo “es revertir ese porcentaje” y que la pequeñas empresas sepan lo que se hace en las entidades sociales, junto al potencial laboral que tienen las personas con discapacidad, “contratándolas bien directamente o a través de servicios que prestan las entidades sociales”.