El texto legal es muy claro: «Con fecha de 31 de diciembre de 2014, las entidades de ámbito territorial inferior al municipio deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución». La disposición transitoria cuarta de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, publicada en diciembre de 2013, establecía una moratoria para que las pedanías dieran publicidad a sus presupuestos, y el plazo acaba dentro de un mes.
Para entonces las que no hayan cumplido con el mandato se arriesgan a la desaparición. Y en Burgos no son pocas. Este viernes día 28 solo habían entregado sus números el 58,5% de las 650 entidades locales menores que componen el entramado de la administración más cercana a los ciudadanos.
La escasez de recursos y la despoblación se han sumado como factores determinantes de esta lentitud. Muchas pedanías tienen apenas un puñado de habitantes, que en algunos casos ni siquiera viven realmente en la localidad. Ocurre en muchas ocasiones que tampoco el alcalde duerme allí durante buena parte del año. Y así es muy difícil que alguien coja las riendas o que ni siquiera se entere de los pasos que hay que dar.
Ante este panorama, el goteo de pedanías que se están poniendo al día en las últimas jornadas es constante, a tenor de los datos que figuran en la página web del Consejo de Cuentas de Castilla yLeón. Pero el ritmo no es suficiente.
Hace un mes que el PSOE presentó ante el Pleno de la DiputaciónProvincial una proposición que fue aprobada por todos los grupos y que reclamaba a los gobiernos estatal y regional una moratoria para la presentación y rendición de cuentas. En aquel momento, a fecha 31 de octubre, el número de pedanías que habían cumplido con la norma ascendía a 251, el 41% del total. Ahora son 358 para llegar al mencionado 58,5%, y siempre por debajo de los porcentajes regionales que alcanzan el 68,7%.
El listado de rendición de cuentas, que cualquiera puede consultar en internet, está salpicado de entidades locales en color rojo. Son aquellas que han presentado sus presupuestos con posterioridad al 31 de octubre, y muchas además aprovechan para añadir de forma simultánea las cuentas de 2012 o incluso de años anteriores, pues nunca las habían llegado a cumplimentar.
Un «tinglado» sobrevenido.
Una de las últimas en cumplir con su obligación ha sido la entidad local menor de Villanasur, perteneciente al ayuntamiento de Valle de Oca. Su alcalde pedáneo, Juan Delgado, que antes fue regidor de todo el municipio, admite que «hasta ahora no habíamos hecho rendición de cuentas ni presupuesto, por cuestiones de burocracia y porque no parecía necesario». Ahora, ante la imposición de la norma, se lo han encargado a una gestoría.
«Nos ofrecían hacerlo con los servicios técnicos de la Diputación, pero se nos pasó el plazo», admite. Ahora «el taco de hojas» y el «tinglado» que supone la normalización de las cuentas «que no están al día y que son complejas» recae en una empresa privada que les cobra algo más de 300 euros, un precio similar al que les habría cobrado la propia institución provincial.