El «decreto de la vergüenza», como le calificó, en el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitta) al cobro de tarifas a los usuarios cuando asuma la gestión de las vías cuya concesión deje de estar en manos de concesionarias es «un fraude a todos los burgaleses» si se aplica a la vía que atraviesa la provincia cuyo liberalización está prevista para el 1 de diciembre. «En el texto se justifica esta medida por la urgencia. La primera autopista que se liberalizará es la AP-1 pero las siguientes, la AP-4 (Sevilla-Cadiz) y la AP-7 (dos tramos entre Tarragona y Alicante), la concesión no finaliza hasta el 31 de diciembre de 2019. Por lo tanto, la urgencia de este Real Decreto- Ley es la AP-1. En el año que queda es tiempo suficiente para hacer una ley», añadió.

el PP de Burgos exige a los lideres socialistas provinciales y regionales, «a través de sus flamantes portavoces Luis Tudanca, Esther Peña y Ander Gil», que aclaren si la AP-1 entra dentro de los planes de explotación de Seittsa con peaje incluido o no. «Es muy fácil la respuesta. ¿Este Decreto-Ley se va a aplicar en la AP-1?".