Vivir en la misma comunidad donde hay un piso cuyas inquilinas se dedican a la prostitución puede convertirse en un infierno. Los mayores niveles de actividad en estas casas de lenocinio encubiertas no se alcanzan cuando el resto de los vecinos está trabajando. No se rigen por los horarios al uso. Ni abren a las 10 de la mañana ni cuelgan el cartel de cerrado a las ocho de la tarde, como si fuera un comercio. Es por la noche cuando la afluencia de clientes es mayor. Y aunque las mujeres pretendan ser  mesuradas, el estado en el que acuden muchos hombres provoca ruidos que causan molestias a los moradores de las demás viviendas.

En un bloque de la calle Lealtad llevan «soportando el jaleo» de uno de estos pisos casi tres años.  El crujido de somieres con muelles del pleistoceno; el taconeo de las mujeres por las dependencias de la casa; el estrépito de los cabeceros; el fragor de duchas y retretes a cualquier hora del día, y los sonidos propios de la actividad principal de un prostíbulo rompen la tranquilidad del bloque.

Ha habido dos habitantes del portal, quienes prefieren mantenerse en el anonimato, que han denunciado estos hechos ante la Policía Nacional. Este periódico ha tenido acceso a una de esas denuncias. En ella hacen saber que el dueño de la casa, con quien han hablado para relatarle lo que sucede, se limita a responderles que él alquila las habitaciones y desconoce quién sale o quién entra.  Han intentado hablar con las chicas para que tuvieran más cuidado, pero no pueden llegar a acuerdos «porque cada vez es una distinta». Y es que por estos pisos rotan muchas prostitutas al cabo del año. En muchas ocasiones los clientes llaman a los telefonillos equivocados y despiertan a la vecindad, por no hablar del ruido de puertas abriéndose y cerrándose.

Pero esta denuncia, como tantas otras, no prosperó. Llegó al juzgado de Instrucción 4 de Burgos y su titular archivó el caso de forma provisional por entender que «no está justificada la perpetración del delito».

La administradora de la finca, Yolanda Calzada, puso en conocimiento de los abogados este caso, pero el letrado advirtió de que «una denuncia en el juzgado debía estar sostenida por pruebas de un delito». Y pese a que las molestias que sufren los vecinos son graves «nada hace indicar de que dentro se esté produciendo un delito». Para que un juez pueda intervenir ha de tener indicios de que se prostituyen menores o que se obliga a las chicas a ejercer el oficio más antiguo del mundo.

Por ello, los denunciantes también han intentado probar que en la casa se sobrepasan los niveles de ruido permitidos legalmente. Pero no han tenido éxito, porque  la Policía Local no llega en el momento en que un vecino detecta el alboroto, sino después, «cuando ya no hay nada que medir». En todo caso, de acreditar que se supera el umbral de ruido solo conllevaría una sanción administrativa, es decir, una multa.

Los afectados también estudian poner en conocimiento de la Agencia Tributaria estos hechos, por si la actividad «económica» que allí se ejerce debiera estar declarada.

Averías

Las molestias, además, van más allá de los ruidos. Las tuberías, denuncian los vecinos, se han atascado en alguna ocasión al tirar preservativos y toallitas por el váter. La última avería de este tipo le costó a la comunidad 5.000 euros. También se quejan de que el gasto de agua -compartido por todos los vecinos- es más elevado en ese piso. Al igual que sucede con el ascensor, pues a las inquilinas que lo utilizan se une la gran cantidad de clientes que lo coge para subir hasta el prostíbulo.

¿Cómo actuar entonces? Sin ánimo de dar ideas, Yolanda Calzada recuerda del caso de una comunidad de propietarios en Calleja y Zurita, quienes se organizaron para que en el portal siempre hubiera un vecino para afear su conducta a los clientes e incluso hacerles fotografías.