No hay ninguna ley en España que prohíba ni regule la prostitución. Algunos partidos, como Ciudadanos, abogan por legalizarla, máxime cuando los rendimientos de esta actividad son tenidos en cuenta a la hora de calcular el Producto Interior Bruto (PIB) del país. Pero por ahora fuerzas de seguridad del Estado y jueces solo pueden perseguirla cuando la ejerzan menores, cuando las mujeres son coaccionadas y cuando terceras personas -proxenetas- se lucran de su trabajo.
Con todo, la Policía Nacional procura vigilar en la medida de lo posible esta actividad con el fin de que no se cometan abusos. Las dificultades son enormes. El oficio más antiguo del mundo ya no es exclusivo de clubs de carretera, donde los agentes -sobre todo de Extranjería- acuden con cierta regularidad para efectuar inspecciones. Ahora abundan los prostíbulos en viviendas de alquiler, muchos de ellos regentados por antiguas trabajadoras de esos burdeles, que «han visto que el negocio es más rentable montando un piso de prostitución». Ahora mismo la Comisaría vigila en la ciudad más de una treintena de estas casas, generalmente alquiladas por habitaciones a las chicas.
Para elaborar un catálogo de estos pisos la Brigada de Extranjería acude a los periódicos, aunque en estos medios cada vez se publicitan menos. La mayoría lo hacen solo en internet. Los agentes acuden a las viviendas pero las inquilinas no están obligadas ni siquiera a abrir. Si lo hacen, lo máximo que pueden exigirles es la documentación, para ver si está en regla. Pero no pueden pasar al interior para ver quién ejerce. «Normalmente salen una a una y hablan con nosotros», afirman desde la Policía. Ahora bien, es de imaginar que si alguna tiene algo que ocultar -está en situación irregular o está reclamada judicialmente- se queda en la habitación y punto.
La Policía solo tiene dos formas de entrar en estos pisos. Una de ellas es si se está produciendo un delito flagrante en un momento determinado. Y otra, por orden judicial. Para conseguirla los investigadores han de acreditar de que se está cometiendo una ilegalidad. Es lo que ocurrió en el mes de marzo en Burgos, cuando fue desarticulada una red que prostituía menores y no pagaba a las prostitutas. Tres personas fueron detenidas e imputadas por delitos relativos a la trata de personas con fines de explotación sexual y corrupción de menores.
La mayor parte de las veces estas actuaciones comienzan después de que las afectadas presenten denuncia. Pero no son muy numerosos los casos de los que informan las propias prostitutas. Cuando se producen suele tratarse de mujeres que «vienen engañadas de países como Tailandia o el continente africano, a quienes las mafias prometen trabajos como camareras o limpiadoras y después acaban en burdeles». En todo caso, muchas «no se atreven» porque «las amenazan con matar a sus familias si se chivan a las autoridades». Pero generalmente las prostitutas que desempeñan esta actividad no lo hacen intimidadas por terceros, «aunque muchas sí por necesidad», advierten en la Comisaría.
Los pisos presentan algunas ventajas paras las chicas sobre los clubes tradicionales «porque no están sometidas a horarios rígidos y viven en el centro de las ciudades, no a las afueras ni en los pueblos». Ahora bien, hay lugares que funcionan del mismo modo, con ‘madames’ que imponen un estricto calendario de trabajo.
¿Por qué no se persigue por proxenetismo a las personas que regentan estos negocios? La Policía Nacional lo intenta, pero las causas es difícil que prosperen. Aunque quede acreditado que las chicas ejercer la prostitución y pagan un dinero el dueño del piso, tanto ellas como él asegurarán siempre que el desembolso se produce para abonar el alojamiento y la comida. El argumento de defensa es siempre el mismo: «Ellas pueden ir a su habitación con quienes quieran para hacer lo que quieran, prácticas sexuales, hablar o jugar al parchís; nadie las vigila».