El Gobierno completó ayer la escala en la que el Estado puede tener una situación de emergencia con la inclusión de la figura de situación de interés para la seguridad en el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional aprobada por el Gabinete de Rajoy en el Consejo de Ministros.

Con esta figura con la que se pretende, a juicio de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, «llenar un vacío» existente entre los Estados de normalidad y los de Alarma, Excepción y Sitio que ya contemplaba la Constitución. «Recuerdo que en España se declaró el Estado de Alarma para gestionar un conflicto laboral con todo lo que eso supone de su declaración y su ratificación en las Cortes Generales», citó la vallisoletana cuando recordó la huelga de los controladores aéreos de AENA en 2010 que el Gabinete liderado por José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que sofocar decretando el Estado de Alarma por primera vez desde la Democracia.

Conviene recordar que la número dos del Ejecutivo ya mencionó esta crisis en enero de este año cuando se analizó el anteproyecto de ley, incidiendo en aquella ocasión -y en ésta- en que, en ningún caso, se contempla la suspensión de derechos para la ciudadanía. Así, defendió que «la norma dota al Estado de instrumentos más adecuados para afrontar los riesgos de nuestros días de forma coordinada y eficaz» ante las distintas situaciones que pueda afrontar, y todo ello «potenciando las capacidades para responder a desafíos de muy diferente índole».

 

ordinaria. De este modo, y con la nueva normativa, será el presidente del Gobierno el que tenga la capacidad para declarar un Estado de Interés para la ciudadanía, mediante un Decreto Ley que, finalmente, y a recomendación del Consejo de Estado, ya no será orgánica sino ordinaria. Sáenz de Santamaría descartó que supusiese una desautorización, sino «todo lo contrario, porque ya no es preciso tener esa cautela».

  «Nosotros mismos, en la tramitación de esta ley, fuimos los primeros en analizar de forma exhaustiva el rango que debía tener. A nuestro juicio, vimos que no afectaba a los derechos fundamentales, pero por prudencia consideramos que a alguno de los artículos era necesario darle rango de ley orgánica», precisó la dirigente conservadora. 

Asimismo, hay que recalcar que la emergente norma lo que busca es una mayor coordinación y cooperación entre Administraciones y los distintos servicios de seguridad del Estado, ya sean estatales, autonómicos o locales. Pero no se queda ahí esta reforma, ya que esta nueva situación de Interés podrá disponer y movilizar del mismo modo los recursos privados que se encuentren al alcance para gestionar la situación.

El precepto contempla, por tanto, «la defensa nacional, la seguridad pública o la acción exterior, pero también otros ámbitos de especial interés como la ciberseguridad, la seguridad energética o la protección de infraestructuras críticas», subrayó la política popular, que añadió:«En lo que estamos trabajando son en medidas de coordinación, y es de lo que se trata en esta ley». 

Sáenz de Santamaría destacó, además, otros aspectos, como el hecho de que se concrete en el ordenamiento jurídico español el concepto de seguridad nacional, y se establezca un sistema de seguridad basado en el ya existente Consejo de Seguridad, que preside el líder del Ejecutivo, que apeló recientemente al consenso con los diversos partidos ante la aprobación de esta norma. 

 

CERCANÍA. Otro punto interesante al que se dio luz verde en el Consejo de Ministros fue la modificación de la normativa del Boletín Oficial del Estado para hacerlo más práctico y cercano a la sociedad. De esta forma, a partir del próximo 1 de junio, estará disponible un tablón edictal único en el que el ciudadano podrá consultar las distintas publicaciones y notificaciones, que se harán cada vez más de manera electrónica.

Esta medida, junto a la iniciativa del BOE a la Carta, permitirán una «comunicación mucho más fluida e instantánea entre la Administración y los ciudadanos». Así, serán las propias instituciones las que directamente informarán a los españoles de los asuntos que le interesan o, con el DNI, saber en el momento si tiene alguna notificación que atender.

Todas estas novedades, que intentan combatir la excesiva burocracia, va en la línea de las reformas de las Administraciones públicas aunque, a juicio de la vicepresidenta del Gobierno, no se trata solo de ahorrar, sino de «la mejora y modernización de la Administración al servicio de los ciudadanos, aportando una mayor sencillez de los trámites».

Desde que llegaron los populares al poder, siempre intentaron evitar duplicidades y retrasos en los procedimientos administrativos, sobre todo si se referían a la actividad de emprendedores.