La ronda de negociaciones para establecer las condiciones en que quedarán los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de Campofrío comenzarán el 1 de diciembre a las 11 de la mañana. No obstante, el comité de empresa y la dirección se reunieron ayer y sentaron las bases bajo las cuales girarán las conversaciones. Además, la compañía informó de que 118 empleados de administración, I+D y otros departamentos de carácter técnico serán reubicados en otras instalaciones, con lo que el número de operarios que se acogerá al expediente desciende de un plumazo a 773. Pero seguro que acaban siendo menos.
La estrategia de los representantes de la plantilla para reducir el impacto del ERTE tomará dos direcciones. Por un lado orientarán sus esfuerzos a lograr que la empresa «recoloque en otras plantas al mayor número de esos 773 empleados». Principalmente en las instalaciones de Burgos (Carnes Selectas y Almacén de Productos Terminados de Villafría), pero «con carácter excepcional y voluntario» también en las del resto de España e incluso Europa. Se ha hablado de las fábricas de Madrid, Valencia y la planta de pizzas de Ólvega (Soria). Y es que el principal objetivo de la plantilla «es que el expediente afecte al menor número de personas posible», según señaló ayer Pablo Dionisio Fraile, miembro del comité europeo del grupo. La compañía, por su parte, va a elaborar un estudio sobre las necesidades reales de cada fábrica con el fin de reubicar a los afectados por la suspensión de empleo.
Por otro lado, los representantes del personal pondrán todo su empeño para que los trabajadores queden «en las mejores condiciones posibles, con un salario digno para poder sobrevivir en la temporada que permanecerán en el desempleo». En este sentido confían en que Campofrío y las administraciones (Junta y Gobierno central) articulen «mejoras para paliar la pérdida de poder adquisitivo», afirmó Marco Antonio Pérez, presidente del comité de empresa de Jamones Burgaleses. Hay que recordar que quienes hayan cotizado más de seis años tendrán derecho a 24 meses de subsidio de paro, cobrando el 70% de la base reguladora los 6 primeros meses y el 50% el año y medio restante.
La empresa no habló de las compensaciones que podría establecer, a la espera de que la Junta y el Gobierno central «concreten qué ayudas aportarán» para mejorar las condiciones de la suspensión temporal de empleo en Campofrío. En todo caso, «la empresa tiene buena disposición a negociar cualquier compensación en el sentó del ERTE», indicó Fraile.
No obstante, el comité de empresa es «realista» y advierte de que los empleados «se engañarían si pensaran que van a conseguir el 100% de su sueldo actual». «La fábrica se ha quemado y queremos quedar en las mejores condiciones, un salario digno para poder sobrevivir», indicaba este miembro del comité.
Los dirigentes del grupo ratificaron su «compromiso» de construir la nueva fábrica en Burgos, que podría comenzar a funcionar en el primer o el segundo trimestre de 2016. «Esto es lo más importante y es por lo que estamos luchando», subrayó Fraile. Asimismo, la empresa abre una oficina de atención personalizada en el edificio de Mobusa, junto a la planta siniestrada. Y es que la realidad laboral es muy diversa. Hay trabajadores eventuales, de baja, con licencias, mayores de 55 años que podrían acogerse a un plan social, etc. Cómo resolver estas situaciones irá a la negociación que empieza el 1 de diciembre.
Jamones Burgaleses. El secadero Jamones Burgaleses, que se salvó del incendio y da trabajo a 45 personas, «comenzará su actividad parcialmente en los próximos días». Según indicó ayer el alcalde, Javier Lacalle, podrá hacerlo el viernes previsiblemente. Las empresas de suministros trabajan a destajo para lograr abastecer a la planta de todos los servicios, electricidad, agua caliente, aire comprimido, etc.
Los distintos comités de Campofrío advierten de que legalmente solo pueden trabajar en el ERTE que afecta a la plantilla del grupo. En todo caso, intentarán «ayudar» a los trabajadores de la decena de empresas de servicios que se quedan en la calle tras la catástrofe. La cifra oscila entre las 200 y las 500 personas.