El inmueble protegido en el que antaño se ubicó el Gobierno Civil, primero, y la Subdelegación de Gobierno, después (en calle Vitoria con calle Toledo) será reconvertido en un bloque de viviendas. Al menos así se desprende de una de las últimas modificaciones introducidas en el PGOU, que se votarán mañana en Pleno y ayer desveló el concejal socialista Antonio Fernández Santos.
El inmueble ha sido incluido por el Ministerio de Hacienda en el Plan de Ventas del Sector Público y saldará a subasta por 2,49 millones de euros, según la tasación realizada por el Gobierno. Con una ubicación privilegiada en la capital, entre las calles Toledo y Vitoria, dispone de 6 plantas de más de 350 metros cuadrados y un ático de dimensiones más reducidas.
Inicialmente, se barajó convertirlo en la sede de la Demarcación de Carreteras, actualmente en la avenida del Cid, pero ese traslado precisaba previamente más de 5 millones de inversión, por lo que se descartó la idea. Por ahora, no hay fecha para su subasta. «Se procederá al anuncio de enajenación y venta cuando las circunstancias sean más favorables para los intereses económicos. No hay urgencia», afirmó al respecto el subdelegado del Gobierno en Burgos, José María Arribas, hace unos días.
Más PGOU
Por otro lado, el edil del PSOEapuntó que se han eliminado 2 sectores residenciales previstos en Castañares «por riesgo de inundación», según explicó. También habrá un cambio de calificación del Hospital Militar, en el que la Junta tiene previsto desarrollar un Plan Regional de Actuación. Según dicho Plan, o al menos según sostuvieron los responsables regionales de la operación en ocasiones anteriores, 40.000 de los 58.000 metros del complejo serán cedidos a la Universidad, mientras que el resto podrá ser utilizado para levantar viviendas, aspecto que criticó el concejal.
Fernández Santos también tuvo una peculiar alusión a Sogiubu, el planeamiento que parió el exrector José María Leal para sacar unos grandes aprovechamientos urbanísticos en el campus de Vigón con la presunta intención de destinarlos a la creación del «campus único». Esa operación se anula y «el único que sale beneficiado del intento ha sido el alcalde, Javier Lacalle, por la aprobación de su tesina», dijo sin aclarar a qué se estaba refiriendo.