El Grupo Popular no ve indicios delictivos para trasladar el dictamen que apruebe el pleno de las Cortes sobre la comisión de investigación de las cajas a la Fiscalía, y exime de toda responsabilidad política a la Junta de Castilla y León en el control y en la desaparición de estas entidades.

Así lo manifestó en declaraciones a los periodistas la portavoz del Grupo Popular en la comisión, Isabel Blanco, quien aseguró que lo ocurrido en las cajas de Castilla y León no tiene “nada diferente” a lo que pasó con las del resto de España.

De esa manera, centró su desaparición en la crisis, en la función de control y supervisión del Banco de España y en normativa aprobada por el Gobierno, pero no en la Junta de Castilla y León, de quien afirmó que “se anticipo” con el “intento” de integración, aunque añadió que "no se sabe si hubiera servido para sobrevivir".

Blanco manifestó que tratarán de llegar a acuerdos en las conclusiones presentadas por todos los grupos, para lo que el presidente de la comisión, Manuel Mitadiel (Cs), ha fijado hasta el 31 de diciembre, pero ampliable en aras a conseguir una aproximación en el dictamen que llegue al plenario.

La 'popular' defendió que ha sido una “comisión muy intensa”, iniciada en junio de 2017 con más de 60 comparecientes de todos los ámbitos de las cajas, entre políticos, sindicatos, miembros de los órganos directivos y técnicos en un análisis entre 2005-2011.