La dirección de la fábrica que la multinacional francesa L’Oréal tiene en Villalonquéjar ha planteado al comité de empresa el despido de 15 trabajadores vinculados a una actividad que pretende subcontratarse a Italia. Las cartas de despido empezaron a entregarse el pasado 3 de diciembre y se justificó la decisión ante los responsables sindicales afirmando que al suprimir una de las actividades más caras y peligrosas de las que se realizan en la planta burgalesa, se podrá abaratar el coste de producción y ganar en competitividad frente al resto de fábricas que L’Oréal tiene en Europa. Los despidos deberían hacerse efectivos el próximo 18 de diciembre, pero empresa y sindicatos están en conversaciones para ver si se puede reubicar a alguno de estos empleados en otras áreas.
La planta burgalesa de L’Oréal se dedica a la elaboración de productos capilares para peluquería y según datos oficiales, el año pasado tenía una plantilla que rondaba los 550 trabajadores. La multinacional era una de las empresas de la capital que estaba soportando la crisis sin necesidad de presentar expedientes de regulación de empleo o de tomar decisiones drásticas con respecto a la plantilla fija, aunque ya había reducido en un 5% la eventual con respecto a la que tenía en 2009. Sin embargo, la dirección compensó este recorte asumiendo otras actividades que hasta ese momento estaban subcontratadas y garantizando estabilidad en el empleo de la plantilla indefinida.
Sin embargo, también es cierto que la responsable de la fábrica, Ana San Juan, nunca ha ocultado que su principal objetivo es aumentar la competitividad con respecto a otras fábricas del grupo y, según se les ha explicado ahora a los sindicatos, esta meta exige suprimir actividades que elevan el coste de cada unidad fabricada en Burgos y que, por lo tanto, resta competitividad. Y una de estas actividades es la realizada en la Nave de polvos y pastas de colorantes, en la que se generan residuos muy tóxicos (persulfato de sodio y potasio) y que entran en combustión con facilidad, por lo que se incrementa el riesgo de incendio y de intoxicación para los empleados. De hecho, ha habido incidentes en este sentido en 2009, en 2011 (cuando hubo que desalojar la fábrica) y en 2012. Al suprimirla y comprar el material a otra fábrica, se reducen riesgos y sea abaratan costes.
Sindicatos y dirección fueron acordando en años pasados medidas de flexibilidad que permitieron sobrellevar la crisis sin demasiados sobresaltos. Por ejemplo, se aceptó que los meses de menos producción se emplearan para recibir formación o pagar las vacaciones en lugar de disfrutar de los días si el ritmo de la fábrica así lo exigía. Ahora, ambas partes se sentarán a negociar de nuevo.