«Incompetentes»,«ineficaces», «catastrófico», o «ridículo», fueron algunos de los calificativos que el presidente de la Cámara de Contratistas de Castillay León, Enrique Pascual, utilizó ayer para referirse al papel de las administraciones en materia de obra pública. Pascual, que presentó el balance de la licitación de 2015, arremetió duramente contra el ejecutivo central y regional a los que acusó de llevar a cabo una gestión«incompetente e ineficaz» en el ámbito de la obra pública, ya que solo adjudican de media un tercio de lo que presupuestan para el sector. «Llevamos años reivindicando soluciones y solicitando al presidente Herrera una reunión, pero nos ignoran constantemente», aseguró durante su intervención en la sede cameral. En este sentido tachó de «insuficiente y ridículo» los 93,46 millones de euros adjudicados durante 2015 por el gobierno autonómico, una cifra alejada de los 402,48 millones previstos para obra nueva al inicio del pasado curso por el Ejecutivo regional. «Las empresas vivimos de la firma de los contratos, no de los anuncios políticos y las buenas intenciones», sostuvo Pascual, que recordó que en 2015, de los 1.585,22 millones de euros previstos para obra nueva por los distintos entes públicos, «solo» 519,98 fueron finalmente adjudicados a empresas.
El presidente del organismo calificó de «catastrófico» el 2015, cuando la licitación de obra pública del conjunto de las administraciones apenas superó los 788 millones de euros, frente a los 1.047 del ejercicio anterior, lo que supone un descenso del 24,7 por ciento, todo ello, sobre un 2014 que «ya había sido malo en sí mismo». «Las administraciones están dando la espalda a todo un sector productivo que representa el 7 por ciento del PIB de Castilla y León», señaló, al tiempo que alertó de que, durante el primer trimestre de 2016 en el sector de la construcción se han perdido 5.000 empleos, «el mismo número de puestos de trabajo ganados en 2015».
Analizando el balance presentado por la Cámara, del importe total licitado en 2015, el 62 por ciento, es decir, 492 millones de euros, pertenecieron a la Administración central, que registró un descenso del 24 por ciento respecto al ejercicio anterior y un índice de cumplimiento sobre los inicialmente presupuestado (882 millones), del 35 por ciento. En este sentido, Pascual dirigió su ofensiva contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien le espetó si «está orgulloso de lo que ha hecho, que es una solemne tontería». «A una persona que tiene sed, no le quites el agua», manifestó.
Una situación a la que los contratistas han añadido una pérdida del volumen de negocio en el sector cercana al 75 por ciento desde 2007, el cierre de 8.000 empresas y la destrucción de cerca de 77.000 empleos «solo enCastilla y León».
Durante una presentación plagada de ataques, el responsable cameral avanzó que las previsiones para 2016 son igualmente «malas», y reconoció que no alcanzarán los 440 millones de euros adjudicados -un 15 por ciento menos que hace un año-, y que supone una tercera parte de los 1.384 millones previstos en los diferentes presupuestos públicos. Sin embargo, esta cifra todavía podría verse esquilmada ya que, como reconoció Pascual, durante la elaboración de las previsiones no se tuvo en cuenta la falta de acuerdos para formar un gobierno y la repetición de las elecciones generales con el consiguiente parón institucional. «Lo de que no hay presupuesto es relativo, nosotros solicitamos una asignación coherente de los fondos», añadió, y recordó que la Junta de Castilla y León cuenta ahora con un presupuesto mayor al de 2007, mientras que ha plegado velas en su asignación a la inversión en infraestructuras públicas.
«Patito feo». Escoltando al presidente de la Cámara, el vocal, Enrique Prieto, acusó a Herrera de tenerlos como el«patito feo». «Nos confunden con los especuladores, no queremos obras absurdas, pero creemos necesario la inversión en renovación de infraestructuras, en depuración, en eficiencia energética, queremos dejar de ser el patito feo de la industria», aseguró Prieto, que alerto de que la previsión es que «se sigan perdiendo puestos de trabajo».
A juicio de la Cámara de Contratistas, estos datos suponen un auténtico «jarro de agua fría» sobre las esperanzas de recuperación del sector. «Nadie puede pensar que se relanzará la economía sin el impulso de la obra pública y su mantenimiento», señaló Pascual, que denunció que «la licitación pública en nuestra Comunidad es totalmente insuficiente y nos sitúa lejos de los presupuestos de inversión en infraestructuras productivas necesarias para competir en un plano de igualdad con otras regiones de países europeos de nuestro entorno».
Así, reclamó a las administraciones que adopten con urgencia tres medidas necesarias para relanzar el sector: el aumento significativo de las partidas destinadas a inversión en obra pública productiva; acabar con las «desproporcionadas bajas de adjudicación»; y la supresión de la «injusta» tasa por inspección y dirección de obra.