Los populares Ángel Ibáñez y Alejandro Vázquez acaban de exponer las principales conclusiones de su grupo tras dos años de actividad de la Comisión de Investigación del HUBU en las Cortes regionales, institución en la que mañana presentarán el documento completo. En síntesis, el PP considera que los documentos analizados y las 63 comparecencias de técnicos y expertos avalan que "no ha habido irregularidades y no ha habido sobrecostes, sino más inversión", además de que "los modificados han sido legales, legítimos y todos se hicieron a petición de la Gerencia Regional de Salud", ha dicho Ibáñez, destacando que eso significa que "han obedecido al interés general, no a caprichos". En este sentido, Ibáñez ha recordado que el proyecto de construcción del nuevo hospital se prolongó entre 2003 y 2012, un período en el "surgen nuevas necesidades" como resultado de la ampliación de superficie del complejo o de las necesidades de equipamiento. En total, ha especificado que el coste del complejo se incrementó un 37% con respecto a lo previsto.

En cuanto al modelo escogido para Burgos, único en el país, los populares han dicho que "no es bueno ni malo de por sí, sino que depende de cómo se gestione. Y la gestión en Burgos es muy buena". Como suele ser habitual en este tipo de intervenciones, han recordado que, "de no haber sido por este modelo", en el que una empresa privada asumió la construcción y la propiedad del inmueble y del contenido del HUBU, "no habría nuevo hospital y seguiríamos en el Yagüe". Sin embargo, sí han admitido que puede haber aspectos en los que el día a día sería más sencillo si Sacyl tuviera responsabilidad al 100%. Por ejemplo, en el equipamiento. "No nos negamos a que pueda darse esa posibilidad [rescatar la alta tecnología], pero no por motivos ideológicos, sino de gestión", han dicho.

Una vez que todos los grupos presenten sus conclusiones, se abrirá un período de estudio para analizar en qué aspectos hay acuerdo de cara a un documento de conclusiones único, requisito imprescindible para que pueda llevarse al pleno de las Cortes y debatirse. De no haber consenso, los dos años de trabajo de la Comisión habrían sido inútiles a efectos prácticos. "Confío en que en la parte de datos objetivos haya acuerdo", ha zanjado Ibáñez, afirmando que la idea es poder presentar las conclusiones antes de final de año.