La Audiencia Nacional ha anulado la orden de 29 de julio de 2009 por la que se creó la indicación ‘Viñedos de España’ para vinos con derecho a la mención tradicional «vinos de la tierra» y ha estimado así el recurso contencioso administrativo que presentó la Junta en febrero de 2010.

 

 En el auto del alto tribunal, que el miércoles se recibió en los Servicios Jurídicos de la Junta, se entiende una vulneración del Reglamento Europeo porque el nombre del Estado miembro no se puede utilizar para unas denominaciones geográficas menores y delimitadas territorialmente a partir de unas variedades comunes del producto, argumento al que acudió la Junta para avalar su recurso.

 

La Audiencia Nacional es contundente en este punto al manifestar en sus argumentos que «tomar la denominación del país, España, no guarda conexión ni es expresivo de la zona geográfica delimitada, que no abarca a todo el territorio nacional, como el nombre de la indicación da a entender». Así, refleja que quedan excluidas zonas productoras como Castilla y León, La Rioja y Galicia. Además, el tribunal ha valorado una comunicación remitida por la Comisión Europea a la Comunidad de Castilla y León, que se recoge en la demanda de la Junta, en la que informa de que los servicios de la Comisión han examinado si la iniciativa es compatible con el Derecho comunitario.

 

En tal sentido, llega a la conclusión, según refleja el acto, que el nombre de un Estado miembro no se puede utilizar entero para designar vinos de mesa de conformidad con las normas vigentes, por lo que instó a las autoridades españolas a reconsiderar su posición. Además, en otro apartado, se recoge que la indicación ‘Viñedos de España’ para los vinos tradicionales «induce a confusión en los consumidores en cuanto al origen del vino en cuestión pues no procede de todo el territorio sino de algunas comunidades autónomas». 

 El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, destacó que la demanda se produjo por entender que la creación de esa indicación era «lesiva» para los vinos de Castilla y León, de mayor calidad, y creaba «confusión» entre los consumidores. De Santiago-Juárez recordó que las Cortes aprobaron en septiembre de 2009 una proposición no de ley del Grupo Popular en la que se instó al Gobierno socialista a derogar la orden. Al respecto, censuró que el Grupo Socialista no votara a favor e ironizó con la frase de «como siempre defendiendo los intereses de Castilla y León».

 

Antecedentes. La Junta de Castilla y León presentó el 13 de enero de 2010 ante la Audiencia Nacional un nuevo escrito de formalización de demanda contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino por la que se reconoce y regula la indicación geográfica ‘Viñedos de España’, para los vinos con derecho a la mención tradicional ‘Vino de la Tierra’, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 30 de julio de 2009.

 

La Junta rechazó la creación de una indicación geográfica para sólo una parte del territorio vitivinícola español identificándola con el término ‘Viñedo de España, actuación completamente artificial por entender que las indicaciones geográficas vitivinícolas deben estar claramente asociadas con territorios delimitados en los que se dan unas condiciones homogéneas de producción y elaboración, según establece la Ley de la Viña y del Vino. Precisamente, la vulneración de esa norma fue uno de los elementos que arguyó para recurrir la orden, como es la contradicción entre ésta y la propia Ley aprobado en las Cortes Generales.

Otro de los elementos para impugnar la orden fue la «clara confusión» para el consumidor, en el territorio nacional y en los mercados exteriores, dado que se asociaría el vino procedente de esta indicación con uno de las regiones vitivinícolas españolas. Precisamente, la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, defendió que «hay regiones españolas productoras de vino, como Castilla y León y La Rioja, no incluidas en ella».

 

 Como novedades en la demanda de enero de 2010, la Junta presentó dos informes, el primero de ellos se refería a factores medioambientales y señalaba que en un territorio tan extenso como España existe una climatología muy diversa y no existe homogeneización, tampoco en los tipos de suelo, algo a lo que obliga la normativa europea para que un determinado territorio pueda tener una denominación.

 

En el segundo informe, realizado por la Consultora Nielsen, se exponía que ‘Viñedos de España’ tiene todos los visos de fracasar, como ya ocurrió en su momento con la DO Cataluña creada por la Generalitat.