El proyecto de ley que hará posible la creación de un impuesto que gravará el almacenamiento de combustible nuclear gastado de Santa María de Garoña ha pasado esta mañana su primer filtro en el pleno de las Cortes de Castilla y León después de que el PP haya votado en contra de una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que contó con el respaldo de Ciudadanos y la abstención de Podemos y UPL. De este modo, esta norma, que deberá ahora seguir su trámite con la presentación de enmiendas parciales, prevé generar un nuevo impuesto por el almacenamiento temporal de los residuos radiactivos de alta actividad de la central nuclear de Garoña, una medida con la que la Junta prevé recaudar 10 millones de euros anuales, que ya se incluyeron en el presupuesto de 2018.
El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha sido el encargado de exponer ante la Cámara la finalidad de este gravamen ante la ausencia de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien se encuentra en Bruselas para acompañar al Comité de Empresa de Vestas. Esta situación ha provocado la ironía del procurador socialista José Francisco Martín, quien ha asegurado que Del Olmo no quería defender este tributo porque sabe que "es muy malo" a pesar de que "lo ha hecho ella". Para el procurador socialista este tributo no es más que el resultado de una "pataleta" del PSOE después de haberse quedado "con el culo al aire" con su defensa al mantenimiento de la central.
Aunque fue el Gobierno central el que decidió el cierre de la central anunciado por el ministro de Energía en agosto de 2017, el procurador socialista ha señalado que "de la noche a la mañana llega Nuclenor por acciones económicas decide cerrarla y les pilla con el culo al aire". Asimismo, Martín ha calificado el nuevo gravamen como "el peor impuesto de la historia autonómica", ya que "no va a recaudar ni un euro".
En su intervención ante la Cámara José Francisco Martín ha insistido en que la Ley que hoy da su primer paso en la Cámara es contraria a derecho, porque no existe hecho imponible, ya que se refiere a un "riesgo" de alterar el medio ambiente, al tiempo que ha reseñado que en todo caso el sujeto pasivo, es decir, quien lo pague será la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), que asumirá la titularidad de Garoña en dos o tres años, una vez se inicie su desmantelamiento. Así pues, para el socialista, la consecuencia será que esta "pataleta" la paguen "todos los ciudadanos".
Por último, ha insistido en que la norma no tiene el respaldo ni de la Asesoría General ni del Consejo Consultivo, precisamente por la ausencia de "hecho imponible". No obstante, ha avanzado que mediante enmiendas parciales exigirán que se pongan 10 millones de euros para reindustrializar la zona, "todo lo demás es postureo".
Frente a estas acusaciones el procurador del PP Salvador Cruz ha defendido el impuesto y ha recordado que la Junta está dispuesta a impulsar un Plan de Reindustrialización en la zona, algo que, como ha señalado, el PSOE no ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez. "Se oponen a invertir en una comarca que ha sufrido una falta de actividad injusta", ha concluido. Por su parte, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel ha considerado que no es "coherente" que ante la situación que vive Garoña la respuesta haya sido un "impuesto" a un "riesgo", algo que ha motivado su respaldo a la enmienda a la totalidad, algo que ha compartido el procurador de Podemos Félix Díez Romero, quien finalmente se abstuvo en la votación tras señalar que este gravamen puede ser declarado inconstitucional. "No estamos de acuerdo con la enmienda y tampoco con el impuesto", ha zanjado Díez.
Mañana, más información en la edición impresa de DB