La Teleasistencia costará a partir de este año casi la mitad que en los últimos ejercicios. El Ayuntamiento ha cambiado la fórmula para la prestación del servicio, que hasta ahora se brindaba en virtud de un convenio con Cruz Roja, por  un contrato de prestación externa.

De este modo se ahorrarán más de 30.000 euros ya que la oferta presentada por Clece ha rebajado más de un 40% el precio inicial de licitación (79.000 euros), una cuantía que había sido fijada en base a la partida destinada hasta la fecha a este servicio, orientado a personas mayores que viven solas y a las que se les entrega un dispositivo inalámbrico que llevan colgado al cuello, de tal forma que ante una emergencia pueden pulsar un botón que activa directamente un protocolo que permite prestarle un rápido auxilio.

La reducción en el gasto para las arcas municipales no implicará cambios para los 328 usuarios de la Teleasistencia. El pliego de las condiciones del contrato fijaba la obligatoriedad de respetar la oferta que se brindaba hasta el momento por lo que el ahorro no vendrá por una disminución de la calidad en la prestación «sino porque al igual que pasa con las obras las empresas de servicios también ajustan en estos tiempos al máximo sus ofertas», asegura Fernando Campo.

En la mesa de contratación figuraban seis propuestas diferentes, pero finalmente ha sido Clece la que se ha llevado la adjudicación por un importe de 48.048 euros al ser la más ventajosa económicamente, «aunque se han valorado también otros factores», matiza el alcalde.

La contratación de la Teleasistencia se realiza por un plazo de dos años con opción de prorrogarse otros dos más, periodo en el que según las previsiones municipales habrá ya más de 425 usuarios.

Recurso

El proceso de contratación de la Teleasistencia ha estado salpicado por la polémica debido al recurso presentado en su día por Cruz Roja y que obligó a paralizar temporalmente el mismo.

La organización entendía que el pliego no cumplía con la normativa al no respetar el convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a personas mayores y dependientes según el cual es obligación la subrogación de personal en caso de cambio de empresa, mientras que el Ayuntamiento defendía su legitimidad al argumentar que anteriormente el servicio se prestaba mediante un convenio y no un contrato.