Se puede hacer cumplir la norma sin necesidad de detener una inversión millonaria y que lo acaben pagando los empleados y los usuarios. Es la conclusión a la que ha llegado la concejala de Licencia, Dolores Calleja, para capear un problema detectado en los últimos días y que desembocó en la paralización de los trabajos que Telefónica y Jazztel desarrollaban en Burgos para tender su nueva red de banda ancha.
Estos trabajos tienen dos vertientes. Una es la denominada ‘alimentación’ e implica operaciones de carácter urbano que no afectan a las fachadas de los edificios, mientras que la otra alcanza a aquellos inmuebles en los que no se puede soterrar la fibra óptica. En este segundo caso sí es necesario actuar sobre el exterior de los inmuebles, pero el Plan General es estricto en lo que afecta a las fachadas, especialmente en el centro histórico.
Conocido en Licencias que ambas compañías estaban ya implantando los sistemas en ambas fases, se decretó su paralización y se abrió expediente sancionador a las dos hasta que contaran con los informes oportunos. Porque, si bien es cierto que la Ley de Telecomunicaciones habilita a los operadores a ejecutar el tendido de la red y dejar los cables a la vista para propiciar así una rápida implantación, no lo es menos que esto podría arruinar el ingente trabajo realizado durante años para eliminar el cableado superficial y aéreo, especialmente en el centro.
No obstante, Calleja admite que «nos hemos volcado para levantar la paralización porque estamos hablando de afectar a inversiones muy importantes y a muchos puestos de trabajo», lo que ha permitido que en apenas una semana Telefónica ya cuente con todos los informes sectoriales favorables de los técnicos municipales y Jazztel haya recibido el plácet de Vías Públicas y, prevé la concejala, hagan lo mismo Ingeniería Industrial y Tráfico en las próximas horas. En ambos casos, eso sí, deberán depositar un aval en el Ayuntamiento.
Adelante a medias
Así las cosas, la edil advierte que la previsión es que en la comisión de mañana las compañías reciban el visto bueno a la «fase A», que es la que no afecta a las fachadas, mientras que deberán continuar tramitando la documentación oportuna para recibir el visto bueno municipal a la «fase B». «No puedo prever cuánto tiempo llevará eso porque no es algo que dependa de nosotros, sino de cuándo presenten ellos toda la documentación», explica Calleja.
Pero la agilidad por evitar que los trabajos se colapsen no significa que el Ayuntamiento haya modificado un ápice su postura en lo que se refiere a la protección de la normativa urbanística propia. De hecho, la concejala ya explicó a este periódico (ver DB del 1 de noviembre) que se han encargado los informes jurídicos oportunos para ver hasta qué punto el Consistorio puede plantar cara a la laxitud de la Ley de Telecomunicaciones, que en su loable pretensión de lograr el acceso más rápido posible a la banda ancha ultrarrápida podría llevarse por delante muchos años de trabajo. Las compañías, por el momento, han acatado la decisión municipal y están siguiendo las instrucciones que reciben desde Licencias.