La Red de Reparto Urgente de Alimentos que la Junta de Castilla y León puso en marcha en marzo de 2013 ha atendido las necesidades de 4.500 familias, lo que supone aproximadamente cubrir de forma inmediata los requerimientos de productos básicos de alimentación e higiene para 11.000 personas castigadas por la crisis. La Comunidad creó este programa enmarcado en la Red de Protección a las Familias que se activa con una simple llamada al teléfono de información de la Junta 012 y convertía a Castilla y León en la primera región de España en tener un canal de distribución de estas características.

 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dio ayer un nuevo paso para mejorar este sistema con la firma de un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León (Asucyl) que permitirá que las ‘operaciones kilo’ que organizan estos establecimientos de manera periódica recojan los alimentos que más se ajusten a las necesidades ciudadanas. La próxima campaña masiva de productos tendrá lugar la próxima semana y contará con la coordinación de los técnicos de la Junta -gracias a la información de los trabajadores sociales- y las organizaciones encargadas del reparto como Red Pobreza, Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos.

 

La consejera Milagros Marcos explicó que es necesario organizar y gestionar de forma adecuada la recogida y entrega de alimentos. Y eso, precisó, se logra con una orientación de las campañas hacia las necesidades de la sociedad. «Las carencias no son siempre las mismas y dependen de las épocas pero también de los envíos de los excedentes agrícolas de la Unión Europea», apuntó. Además, esta red facilitará el intercambio de productos entre provincias.

 

El presidente de Asucyl, José Daniel Posadas, reconoció que hasta ahora cada empresa actuaba de forma autónoma y hacían lo que «buenamente podían». La ayuda es importante y este año las ocho compañías de distribución que suman 13 cadenas de supermercados realizará una aportación de un millón de euros, entre donaciones económicas y entrega de productos de gran consumo (alimentación, hogar e higiene). Esta cantidad está comprometida para el año próximo, como quedó reflejado en el convenio.

 

Posadas valoró la iniciativa de la administración regional ya que introduce criterios de efectividad y racionalidad. «La Consejería canaliza las necesidades al interrelacionar oferta y demanda y nosotros tratamos de revertir la confianza de nuestros clientes», con los que -manifestó- hay un trato directo y por tanto existe un conocimiento de los problemas que atraviesan debido a la crisis económica.

 

Inserción laboral. El convenio, que tiene una duración de dos años, incluye un plan de formación e inserción laboral para perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género. De esta manera, Mercadona, El Árbol, Max Descuento, Gadis, Cash Ifa, Lupa, Top Cash, Froiz, Alimerka, Suma, Spar, Gros Mercat y Covirán se comprometen a incluir a estos colectivos en los procesos de selección de personal para sus supermercados, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido.

 

La consejera habló de la necesidad de adaptar la formación de los desempleados en riesgo de exclusión social a las demandas laborales de las empresas. De ahí que habrá un plan de formación conjunto para capacitar a estos colectivos, que incluirá acciones formativas y prácticas profesionales en los establecimientos comerciales. Marcos recordó que la Consejería tiene consignado para el próximo año 9,2 millones (ocho millones más que en 2014) a formación específica para la inserción laboral.