Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña asegura que los márgenes de seguridad de la plnta son "superiores a los requeridos en sus bases de diseño y están al mismo nivel que el resto de las instalaciones españolas y europeas".
Así, ha reiterado que la planta atómica cumple "con todos los requisitos" de seguridad y está preparada para operar a largo plazo, de acuerdo a la renovación de licencia hasta 2031 que ha solicitado al Gobierno.
Además, en un comunicado que sigue al pacto firmado este jueves en el Congreso de los Diputados por todos los grupos de la oposición excepto UPyD y CiU con el fin de evitar la reapertura de la central burgalesa e iniciar un plan para suprimir la energía nuclear en España, Nuclenor ha subrayado que "todos" los estudios realizados hasta el momento demuestran que la vasija del reactor y los elementos más importantes de la instalación disponen de márgenes de seguridad para operar "más allá de los 60 años".
En este sentido, destaca que el conjunto de medidas adicionales que Nuclenor ha incorporado y va a incorporar en distintos equipos, sistemas y procedimientos refuerzan la seguridad y dan robustez a la planta para hacer frente a las situaciones más extremas (terremotos, inundaciones, pérdidas de suministro eléctrico y gestión de accidentes severos).
Además, señala que pese a que la central nuclear está parada desde diciembre de 2012, Garoña ha mantenido un "programa exhaustivo de mantenimiento y conservación de la instalación que asegura su perfecto estado".
Asimismo, añade que la planta se ha ido actualizado tecnológicamente desde el inicio de su operación con inversiones que han superado los 430 millones de euros para cumplir con las exigencias "al mismo nivel que las central más modernas".
Por otro lado, ha recordado que Garoña genera más de 1.600 empleos directos e indirectos y el impacto económico se cifra en unos 279 millones de euros anuales con una repercusión fiscal del orden de 75 millones de euros.
El titular recuerda que en estos 40 años Garoña ha seguido "la misma práctica que en Estados Unidos, país de origen de la tecnología de Garoña, para lograr la operación a largo plazo. En el caso estadounidense, el organismo regulador americano ha concedido la licencia de operación a largo plazo (60 años) a un total de 73 reactores nucleares, de los cuales 38 superan los 40 años de funcionamiento y 27 son similares en edad y diseño a Santa María de Garoña.
Nuclenor solicitó el 27 de mayo de 2014 la renovación de su permiso de funcionamiento hasta 2031 y está elaborando documentación adicional requerida por el Consejo de Seguridad Nuclear, único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, para su envío y evaluación por parte de este organismo.
En definitiva, el titular garantiza que Garoña "reúne todos los requisitos técnicos, de seguridad y medioambientales para una operación segura, fiable y respetuosa con el medio ambiente a largo plazo" y que, como parte del parque atómico, contribuye a mantener un mix energético equilibrado y diversificado.
Finalmente, recalca su papel como "elemento dinamizador" de la economía y el empleo en el entorno y en Castilla y León, y su papel "relevante" en el desarrollo de la industria nuclear española.
En la actualidad está "ultimando" la documentación relativa a los proyectos exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear en la ITC complementaria que condiciona la obtención de la licencia solicitada.
Consenso.
Por otro lado, las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han celebrado el "amplio consenso parlamentario" mostrado ayer para que la central nuclear de Santa María de Garoña permanezca "cerrada definitivamente".
En un comunicado conjunto han manifestado que esta postura contrasta con "los intentos del Gobierno y eléctricas de ampliar la vida de las centrales nucleares" hasta los 60 años de vida, por lo que han calificado este pacto firmado por todos los grupos de la oposición salvo CiU y UPyD para evitar la reapertura de la planta cuando las condiciones legislativas lo permitan de "un paso muy importante".
Para las ONG el "amplio rechazo social y político a cualquier intento de reapertura" contrasta con la intención del Gobierno de reabrir Garoña, algo que se recoge en la Planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, que cuenta con la reapertura de esta central y que, junto con su Informe de Sostenibilidad Ambiental, se encuentra actualmente en consulta pública para su evaluación de impacto ambiental.