«Está visto que si montamos un circo nos crecen los enanos». Así resumía un concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento arandina la sensación que tienen a nivel interno en la corporación municipal tras darse a conocer ayer en la Comisión de Urbanismo que, después de la condena a pagar 7,2 millones de euros por la ocupación en 2005 de una parcela de unos 800 metros cuadrados de Proincove para la el proyecto de recuperación de las riberas del río Arandilla, que se ha recurrido ante el Supremo, los propietarios de otro terreno de la calle Pizarro, muy próximo a esa zona, reclaman ahora 1.625.000 euros por su ocupación hace también ni más ni menos que 18 años.
La situación se remonta al parecer al año 1996, cuando gobernaba el Ayuntamiento el PP con Javier Arecha como alcalde, y se acometió la reurbanización del vial en la zona situada frente al Polideportivo Príncipe de Asturias invadiendo alguna parcela privada sin acometer la expropiación de terrenos.
Al abrigo del melón abierto por el caso Proincove, los propietarios presentaron en abril de 2012 la solicitud al Ayuntamiento para iniciar el proceso de expropiación y planteaban un justiprecio de 1.625.000 euros por la ocupación de algo más de 300 metros cuadrados en aquel momento de suelo urbanizable en base a la tasación realizada por una empresa privada. Sin embargo el expediente ha permanecido durmiendo el sueño de los justos en el fondo de un cajón durante casi dos años, hasta que por fin ha sido desempolvado ahora, sin que por cierto ningún técnico municipal haya realizado aún una valoración del posible coste de los terrenos.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Sanz, que asumió esta responsabilidad hace algo menos de cinco meses, no quiere entrar a valorar los posibles motivos por los que el expediente se ha demorado. Explica que se trata de terrenos que ocupó el vial se enmarca en el mismo procedimiento que las parcelas de Proincove y que es consecuencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2000 que recalificó toda ese área como zona verde.
En cualquier caso Alfonso Sanz aclara que el justiprecio que exigen los propietarios es una valoración de parte, por lo que habrá que esperar a ver en cuánto se tasa desde el Ayuntamiento y en la que por cierto, algo menos de 600.000 euros euros corresponden precisamente al valor de los terrenos en el momento de la ocupación, y a lo que han ido sumando intereses de demora.
El edil del CCD explica que se ha hecho un requerimiento a los propietarios para que justifiquen la propiedad de los terrenos y asegura que si lo documentan no habrá ningún problema en iniciar el expediente de expropiación. Y en el caso de que no exista acuerdo respecto a la tasación habrá que recurrir a la Comisión Territorial de Valoración (CTV). «Si lo demuestran lo llevaremos a cabo. Están en su derecho», apunta.
TRES EXPEDIENTES MÁS
En la Comisión de Urbanismo, también se puso de manifiesto, según han informado a DB miembros de la oposición, que podrían existir al menos otros tres expedientes más por ocupaciones irregulares de terrenos en espera de tramitación que, por la demora registrada. Un marrón heredado por la actual corporación que podría salir muy caro a las arcas municipales.