La virulencia del terremoto que sacudió Nepal el pasado fin de semana enterró otras tragedias que, por cotidianas, pasan al segundo plano con facilidad. Y entre ellas está la inmigración ilegal. Pocos tienen ya en mente que hace menos de quince días naufragó en el Mediterráneo un barco que transportaba a más de 700 personas del este africano a Sicilia. O que el año pasado se ahogaron más de 3.000 extranjeros tratando de pisar suelo europeo. La realidad y las estadísticas demuestran que ni el mar ni las restrictivas políticas de la UE van a desincentivar de su propósito a quien nada tiene que perder. Y Burgos es un ejemplo de ello. Es una de las cuatro provincias de Castilla y León que ha llegado a tener saldo migratorio negativo por el impacto de la crisis, que fuerza la emigración de burgaleses sin que la llegada de extranjeros sea suficiente para compensarla. Una tendencia que se mantendrá, al menos, hasta 2023, según las proyecciones de población a largo plazo que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Y no es porque hasta esa fecha Burgos no vaya a ser un destino de interés para quienes ahora planean poner rumbo hacia el dorado europeo. De hecho, fuentes del instituto estadístico explican que para hacer la proyección de población entre 2014 y 2029, la última publicada, consideraron que la inmigración va a ser estable en la provincia durante todo el período. Es decir, que Burgos recibirá el mismo volumen de población extranjera que asume ahora. Y lo mismo ocurrirá en Castilla y León o en España. De ahí que expertos y colectivos de toda Europa estén apremiando a los gobiernos de la UEpara que adopten unas medidas eficaces ante una situación que, por mucha Guardia Civil o costera que se ponga en fronteras y puertos, no va a parar.
Entonces, si el flujo de personas que van a desembarcar en Burgos va a mantenerse estable en los próximos diez o quince años y ahora hay un saldo migratorio negativo, cabe preguntarse por qué motivo se volverá al positivo antes de la finalización del período de quince años analizado por el INE. Un cambio de tendencia que el instituto atribuye al descenso de la emigración española. Esto es, en base a la población residente actual, el organismo ha calculado que en 2015 se alcanzará el pico máximo de burgaleses emigrantes (2.514) y, a partir de ahí, la cifra irá disminuyendo. Y como durante todo ese tiempo la inmigración se mantendrá en 1.825, llegará un momento en el que el saldo volverá al positivo. Ese momento será el año 2023.
Para esa fecha, el INE ha calculado que en Burgos la emigración provocará alrededor de 1.796 movimientos migratorios y la inmigración los ya citados 1.825 de todo el período. Eso quiere decir que habrá una diferencia positiva de 29 personas que en 2024 ya será de 80 y en 2025 de 125. Para los últimos tres años de la proyección a largo plazo (2026,2027 y 2029), se ha considerado que el saldo será positivo en 164, 169 y 229 personas. Al final del período, se ha estimado que la emigración provocará 1.596 movimientos migratorios desde Burgos hacia el exterior.
La más tocada. Este dato es significativo porque sigue siendo el más alto de toda la región. Es decir, que aún suponiendo que se produzca un cambio de tendencia en lo relativo a movimientos migratorios, Burgos seguirá siendo la provincia de Castilla y León que más población nativa perderá dentro de catorce años. Esto da a entender que, de ser una de las provincias que más oportunidades podía ofrecer por el volumen y la diversidad de su industria, pasará a ser de las que menos. Perderá más población que Valladolid, a pesar de la diferencia de tamaño de las capitales y de habitantes de las provincias.
Y tampoco parece casual que hayan sido las provincias más industrializadas (Burgos, Valladolid y Palencia) las que ahora se encuentren con un saldo migratorio negativo, después de lustros de positivo. Son las más industrializadas y las más tocadas por la crisis. Junto a ellas está Segovia, que nunca ha estado a la cabeza en la recepción de ciudadanos extranjeros, pero que también se verá muy afectada.