El dueño y administrador único del concesionario Citroen en Aranda de Duero, Garajes Martín S.L, podría ser sancionado con una pena de hasta tres años de prisión y una multa de 10.800 euros el 13 de abril en un Juzgado de lo Penal de Burgos. Ésa es la petición de la Fiscalía, que el pasado mes de diciembre de 2013 instó a la apertura de juicio oral contra J.R.C.C por haber cometido presuntamente undelito societario, otro de falsedad en documento mercantil y uno de estafa.

Así se recoge en el escrito de acusación del MinisterioPúblico, en el que también se exponen los hechos que sustentan estas actuaciones. De esta forma, se sostiene que el acusado adquirió un vehículo en nombre de la sociedad por un importe de 8.500 euros en el mes de noviembre de 2010. Se trataba de un Citroen C5, cuyo contador marcaba 159.110 kilómetros recorridos. Tres meses después, enajenó el turismo por 17.315 euros garantizando a su comprador una circulación que oscilaba entre los 60.000 y los 80.000 kilómetros «con el propósito de obtener ilícito enriquecimiento personal», tal y como se especifica en el documento judicial.

A pesar de que el texto contempla un único caso al respecto, la acusación particular mantiene que existen otros similares y ha solicitado a los Cuerpos de Seguridad del Estado que inicien una investigación con el objetivo de poner fin a estas prácticas.

La parte demandante inició el proceso judicial con una querella que admitió a trámite el Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción Nº 2 de Aranda de Duero. Las diligencias previas instruidas en el mes de octubre de 2013 reconocieron la existencia de «suficientes indicios racionales de criminalidad» por estafa. Motivo por el cual continuó con el procedimiento a pesar de que la persona víctima del supuesto amaño -después de declarar y reconocer que nunca hubiese realizado la compra del vehículo por ese precio de haber conocido toda la información- renunciase a las acciones civiles.

Delito societario

La sentencia que emita el Juzgado de lo Penal, también deberá pronunciarse sobre el supuesto impedimento a los socios de la empresa de acceder al orden del día de una Junta General Extraordinaria celebrada en diciembre de 2009, reunión en la que el acusado pretendía variar el capital social y cambiar de forma íntegra  los estatutos sociales, según relata la Fiscalía.

El Registro Mercantil de Burgos denegó la modificación al percibir «irregularidades». Un impedimento que trató de sortear pues, en febrero del año 2010, al emitir un certificado alterando los acuerdos adoptados, prosigue la acusación.

Las modificaciones supusieron un incremento del capital social y la inclusión de una prima de emisión por cada participación. Además, incorporó nuevas disposiciones estatuarias sobre la transmisión intervivos de las participaciones sociales, así como sobre las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos sociales y la  valoración de las participaciones sociales con las que logró la inscripción en el Registro.