El bloqueo aplicado desde el Ayuntamiento al despliegue de la banda ancha ultrarrápida a finales de octubre podría ser levantado medio año después. Surgió cuando las ‘teleco’ que hacían los trabajos (Jazztel y Telefónica) comenzaron a instalar en fachadas de edificios del centro las cajas de comunicaciones y todo su cableado complementario.
Esa práctica contraviene frontalmente lo estipulado en el Plan General, que prohibe el cableado en los exteriores, especialmente en fachadas en las que durante dos décadas se ha invertido mucho dinero público y privado para eliminarlo. Las operadoras tampoco comunicaron su plan de despliegue, así que se ordenó la paralización de los trabajos (valorados en 14 millones de euros) y se abrieron expedientes sancionadores (de los que ya se ha resuelto al menos media docena con multas de 10.000 euros cada uno a las empresas) por los hechos consumados.
La Concejalía de Licencias se mantuvo firme, encontró el apoyo de toda la oposición y, si bien permitió que se ejecutara la primera fase (la de alimentación, que va soterrada), se frenó en seco la segunda, que es la que entra en los domicilios y permite prestar el servicio y, por tanto, facturar a los clientes.
Ese es el resumen de lo ocurrido durante medio año. Las compañías no entregaron el plan que el Ayuntamiento exige y la administración se mantuvo en sus trece. Hasta la semana pasada, todos quietos.
opción de acuerdo. La opción que en días pasados ofreció el Ayuntamiento a Jazztel, «que a su vez está trabajando para Telefónica», según explica la concejala de Licencias, Dolores Calleja, es que «acrediten que no existe otra posibilidad» de tender la red que no sea hacerlo por las fachadas, que presenten «pormenorizadamente y manzana por manzana» un plan para continuar los trabajos y que incluyan en él «las medidas que se van a tomar para mimetizar el cableado» y que el impacto para los edificios sea «el mínimo imprescindible» a ojos de los técnicos del área.
Solo en ese caso y bajo esas condiciones se estudiará la posibilidad de levantar el veto al despliegue, advierte Calleja. La compañía, siempre según la versión municipal, aceptó esta posibilidad y en el Ayuntamiento esperan ahora los primeros informes detallados sobre la cuestión.
La instalación de la nueva banda ancha permitiría a las ‘teleco’ ofrecer internet a velocidades hasta la fecha inéditas, además de servicios complementarios vinculados, por ejemplo, a la televisión. De ahí que la apuesta inversora sea relevante. Este despliegue cuenta con la cobertura de la Ley de Telecomunicaciones promulgada el pasado año, pero lo que no puede es conculcar el planeamiento general de la ciudad. Así se ha mantenido hasta la fecha en la Concejalía de Licencias y así ha sido respetado por Jazztel y Telefónica.