La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer su escrito de acusación en el caso de los papeles de Bárcenas, según el cual considera que el PP, no cometió un delito fiscal al no declarar las donaciones correspondientes al año 2008, e incluirlas en su presunta contabilidad b, aunque señala que es «responsable civil subsidiario», que no penal, de los delitos que habrían cometido sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por pagar en negro las obras de su sede. De hecho, para los que fueran gerentes económicos de la formación solicita cinco años de cárcel por apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal. Asimismo, pide tres años y 10 meses de cárcel para Gonzalo Urquijo y Belén García, dueños de la empresa Unifica que reformó el cuartel general de los populares.
En su día, el juez Pablo Ruz, instructor del caso, dejó abierta la posibilidad al fiscal Antonio Romeral de acusar al PP de un delito contra la Hacienda Pública por las cuotas que dejó de pagar en 2008 de las donaciones recibidas de empresarios, pero el togado remarca que no está «debidamente» justificado ese delito.
En este sentido, recuerda que la Agencia Tributaria sostuvo, en distintos informes, que las aportaciones anotadas en los papeles de Bárcenas estaba exentas de tributar. Incluso, a petición del juez, Hacienda elaboró un nuevo dictamen «simulando» si habría delito de tener que ser declaradas esas donaciones, todo ello relativo al ejercicio de 2008. Y, precisamente, según este documento, el fiscal entiende que, en el caso de tener que tributar las mismas, «la cuota presuntamente defraudada alcanzaría un importe de 25.630,03 euros», por lo que no sobrepasaría el límite de 120.000 euros para ser considerado delito.
Por otro lado, en su auto, el fiscal da por acreditada la existencia de una caja b del PP que manejaban Bárcenas y Lapuerta de manera «ajena al control del departamento de Tesorería».
Sobre esta cuestión explica que, durante el tiempo que estuvieron en sus cargos, los extesoreros «gestionaron fondos en metálico aportados por donantes de quienes no podían recibir los mismos, de acuerdo con la legislación sobre financiación de partidos».
«El control de los ingresos procedentes de las anteriores donaciones, así como de los gastos, se llevaba en unas hojas a modo de contabilidad paralela que cumplimentaba Luis Bárcenas y supervisaba Álvaro Lapuerta», señala. Romeral apunta, asimismo, que «el dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo el control del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas».
Reforma de Génova. Según Anticorrupción, en 2006, la formación popular destinó 664.000 euros de la caja b para sufragar las obras de Génova y, en 2008, otros 888.000 euros. Unos pagos en negro que acordaron Bárcenas y Lapuerta con el dueño de la empresa, Urquijo, todo ello con el conocimiento del exgerente del PP Cristóbal Páez para el que se piden otros 18 meses de cárcel. Además, reclama como multas para todos ellos que oscilan entre los 265.000 euros para Bárcenas y Lapuerta o 102.500 en el caso de Páez.