Castilla y León podría enfrentarse a una sanción de la Unión Europea por irregularidades en las ayudas cobradas de 2009 a 2013 para pastos. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró el pasado jueves que diez comunidades autónomas, entre ellas la castellana y leonesa, tendrán que afrontar una «corrección financiera» de Bruselas porque no aplicaron un reglamento de 2007 sobre los criterios para definir los pastos. Según los datos de la ministra, estarían afectadas, en una primera estimación, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Murcia, la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Madrid y Galicia.

La sanción, que asciende a 290 millones de euros, se plantea por la detección de irregularidades en la catalogación de suelo propio para pastos por lo que se perciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Según el reglamento que entró en vigor en el año 2007, sólo se puede declarar como pastos lo que es aprovechable por el ganado, pero no zonas rocosas o masa forestal densa donde los animales no pueden entrar.

Esta nueva normativa únicamente fue aplicadas por Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias (esta última en «una parte», en el caso de los pastos comunales), por lo que se quedarían fuera de la sanción.

Actualmente, el Ministerio negocia con la Comisión Europea la reducción de esta multa, como explicó a este periódico el director general de Política Agraria Común (PAC),Pedro Medina, que señaló que la sanción «no es definitiva» ni se conoce quién tendrá que abonar este dinero si finalmente se ratifica: el Estado o las comunidades autónomas.

Provisional. «Actualmente es una propuesta, por tanto no es definitiva porque ahora estamos en fase de negociación, como siempre se hace», indicó Medina, que matizó que «de momento no se puede atribuir una distribución por comunidades autónomas, no es cierto porque todavía no es definitiva la sanción al estado miembro y una vez que sea definitiva la sanción a España habrá que pasar el proceso de quién fue el responsable, el Estado como órgano coordinador central o si existe alguna parte de corresponsabilidad en las comunidades». Una fase a la que, desde su punto de vista, no se llegará hasta el año 2016.

«En España, cada autonomía actúa como organismo pagador responsable, pero hay un órgano de coordinación nacional que es el FEGA. Cuando existe una sanción hay que llevar un procedimiento de ver quién es o de dónde viene la deficiencia, si viene porque no existía una norma general, la tiene que asumir el Estado, si es porque las comunidades no lo han realizado, pues tendrán que ser ellas quienes paguen las comunidades», aclaró.

No obstante, la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, llama  a la tranquilidad de los ganaderos y asegura que la Junta está siendo «muy riguroso» con la aplicación del coeficiente para que no perjudique a los ganaderos castellanos y leoneses.

"Todos los ganaderos van a tener derechos de pastos suficientes», señaló Clemente.