Son una minoría, apenas representan el 2% del total, pero su comportamiento queda reflejado en el informe Anual de Convivencia que elabora la Consejería de Educación al protagonizar «incidencias graves» en las aulas burgalesas. El último estudio, el correspondiente al curso 2013-2014, arroja datos similares al anterior, incluso, mejores en lo que a las cifras globales se refiere. Así, los colegios burgaleses (públicos y privados) registraron un total de 2.868 conflictos por parte de 1.116 alumnos, lo que supone un descenso del 0,6% de los primeros y una bajada más acentuada (del 11%) de quienes los llevan a cabo.
De nuevo son los desafíos del estudiante hacia el profesor los que centran la mayor parte de los conflictos escolares, más de siete de cada diez, incrementándose levemente, un 4,5%, en comparación con el curso anterior. Se contabilizaron 2.063 incidencias de esta naturaleza, que afectan a la autoridad del docente, como las faltas de respeto o conductas de desobediencia, y, por tanto, al normal funcionamiento de las clases y al rendimiento del autor y del grupo.
Por el contrario y a diferencia de lo ocurrido en el conjunto de Castilla y León, donde se incrementan, han disminuido en un 25% las agresiones al profesorado y al personal de los centros hasta computarse un total de 67, si bien estas solo suponen un 2,3% del total. Se trata, principalmente, de amenazas verbales y robos, sin que en Burgos se hayan registrado casos de violencia física, precisa José Rodrigo Baranda, inspector de la Dirección Provincial de Educación, que pone la atención en que la situación «sería grave» si estos comportamientos fueran más elevados y de forma continuada.
Otro de los indicadores analizados y que también presenta una tendencia a la baja son los comportamientos agresivos entre los propios alumnos. En estos casos, las incidencias descienden un 8% y son sobre todo verbales, con 570 casos frente a los 620 del curso 2012-2013. De igual forma, hubo menos destrozos o robos en los colegios e institutos, 6 menos hasta los 112 recogidos en el informe.
También han disminuido los posibles casos de acoso entre alumnos, bullying, detectándose 19 frente a los 10 del ejercicio escolar anterior y confirmándose tan solo uno. No obstante, el inspector precisa que esto no significa que no se hayan dado más situaciones de estas características pero que no han trascendido, llamando la atención en que estas conductas se dan en ocasiones por internet o las redes sociales.
Baranda precisa que el informe recoge «incidencias graves», si bien hace referencia al descenso en el número de alumnos que las ha cometido, de 1.255 a 1.116. No obstante, los datos reflejan una elevada tasa de reincidencia, ya que el 40% no es la primera vez que ha tenido un comportamiento conflictivo y el 19%, además, es contumaz.
El estudio también se detiene en las etapas educativas donde se registran más conflictos, sumando la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) la mitad de las mismas. El perfil responde al de «repetidores, faltos de motivación escolar y con una situación socioeconómica deteriorada». Además, agrega el estudio, la implicación de los padres en la mejora de estos comportamientos es «mínima», lo que preocupa «altamente» a los colegios o institutos.
La mejor manera de evitar cualquier incidencia es, según Baranda, la prevención. Pero cuando no se llega a tiempo, hay que actuar y para ello se aplican una serie de medidas correctoras, establecidas en base al conflicto que se quiere atajar. La más leve y también la que se ha tomado en más de la mitad de los casos (1.082) es la suspensión del derecho de asistencia a clase por un tiempo no superior a los cinco días lectivos, a la que se suma la que llega hasta 30 jornadas pero que solo se ha adoptado en el 8% de los casos. En otro 20%, se ha optado por no dejar participar al estudiante en actividades extraoescolares, mientras que un 13% tiene que ver con la reparación de los daños causados, cuando se producen destrozos en el centro, de los que deben responder las familias. Ya con menor incidencia se presentan los cambios de grupo o de centro con tan solo 9 y 13 casos, respectivamente.
A todas las anteriores medidas, se suman las actuaciones de mediaciones, empleadas en un 5% de los casos ante situaciones de agresiones o faltas de respeto reiteradas entre iguales, donde el coordinador de convivencia plantea un acuerdo entre ambas partes, que en caso de conseguirse supone la paralización del inicio de un expediente. De igual forma pero de manera menos frecuente, se dan las actuaciones externas, que sumaron 141 y que se producen cuando es necesaria la intervención de los servicios sanitarios, Policía, Fiscalía o Servicios Sociales.
El estudio refleja que la mayor parte de las intervenciones no precisa del inicio de un expediente. El curso pasado se abrieron 112, frente a los 120 del anterior, con una tasa del 3,9%. Eso significa que de cien incidencias, «cuatro de ellas son de tal envergadura que se les debe aplicar esta medida».