La falta de ‘quórum’ impidió ayer que el Consejo de Administración de Caja España-Duero comenzara la tramitación para transformar esta entidad financiera en una fundación. A la reunión convocada ayer en León acudieron únicamente 13 de los 34 miembros formales de este órgano de representación de la entidad financiera, por lo que no pudo celebrarse el Consejo que debería haber aprobado la creación de una fundación y la elección de los miembros del patronato, una decisión que todavía debería ratificar la asamblea.
Antes de celebrarse la reunión, su viabilidad podía estar en tela de juicio ya que en el último año se ha producido una cascada de dimisiones que hacía que en el consejo, en la práctica, sólo se sentasen 25 personas. Para poder tomar decisiones, deben estar, al menos, 18 personas. En León no se esperaba ayer por la tarde a nueve, los que ya habían presentado su dimisión y cuya vacante no se ha cubierto.
Otras dos ausencias podían tener explicación ya que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, está aquejado de un proceso gripal, mientras que Begoña Núñez tenía, a la misma hora, pleno en el ayuntamiento de Palencia, donde es edil. La decisión quedaba, por lo tanto, en 23 manos, cinco más de las necesarias. Sin embargo, las ausencias fueron muchas más y provenían de los dos grupos, PP y PSOE, aunque cabe destacar que Bernardo Fernández Álvarez se encontraba fuera de España.
Como consecuencia de ello, sólo trece personas llegaron a la sede que la entidad tiene en El Portillo leonés, una cantidad insuficiente siquiera para sentarse a debatir, con lo que no quedó más remedio que tomar una decisión informal: enviar una comunicación a la Consejería de Economía informando de la situación creada para que tome las medidas necesarias. «Nos evitamos así el ridículo de convocar otro consejo que tendría el mismo resultado», explicaron algunos de los asistentes a la cita.
Las razones. ¿Cuáles fueron las razones para el ‘boicot’? Fuentes del Consejo señalan que algunas de las ausencias se explican únicamente por no querer estampar su firma en el acta de defunción de la Caja, pero detrás de esta falta de quórum estarían también los problemas con los que se ha llegado a la reunión, especialmente la situación de los preferentistas y las diferencias sobre la composición y estatutos de la nueva fundación a la que habría que dar el visto bueno.
Uno de los ausentes, José Antonio Turrado, lo explica a Ical: «Quiero mucho a los leoneses y también a los salmantinos, pero si el Consejo de Administración se ha quedado vacío y no puede decidir sobre las cuestiones realmente importantes, como la estafa a los preferentistas, tampoco está para lo otro.
Turrado insistió en que las formas en toda esta operación han generado un problema territorial que deberían haber resuelto los grandes partidos. Eso sí, quiso dejar claro que se trata de «un problema territorial de reparto de la nada, porque la entidad se convertirá en una fundación sin patrimonio, ni recursos». «Si no tengo competencias para lo que me preocupa, lo importante, pues para lo otro que pongan a otro», dijo, para manifestar que «no pasa nada» porque ayer no se haya aprobado lo que querían el consejero de Economía, Tomás Villanueva, y el presidente de la entidad, Evaristo del Canto, porque «lo harán de otra manera» y «si no hay marco jurídico que lo permita, cambiarán la ley». «Esto se arregla sin problema, pero lo de las preferentistas, no», resumió.
La cita de ayer era la penúltima ocasión para poder convocar la asamblea de la entidad por parte de este consejo, cuyo mandato, después de agotados todos los plazos, concluye el 30 de junio de este mismo año. Ahora, debe ser la Junta la que adopte las decisiones sobre la entidad. En el Gobierno autonómico barajan la constitución de una gestora para que tramite la inscripción de una fundación que debería gestionar la obra social que le corresponda, primero en su andadura en solitario y, después, una vez fusionada con Unicaja. La ley establece un plazo de cinco meses para la creación de esta fundación, y el tiempo comenzó a correr el pasado 27 de mayo, cuando el Frob estableció las condiciones para asegurar el futuro de la entidad.